El Gobierno argentino está a punto de derogar el decreto que traba la extradición de militares a países que los juzgan por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1976-1983), revelaron ayer fuentes gubernamentales a la prensa y a la AFP.
La secretaria de Derechos Humanos de la Cancillería, Alicia Oliveira, dijo en declaraciones radiales que el Gobierno "debe cumplir con las obligaciones internacionales en materia de juzgamiento de violaciones a los derechos humanos".
Fuentes del ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas consultadas por la AFP coincidieron en señalar que la decisión final, no obstante, está en manos del presidente argentino Néstor Kirchner.