La justicia brasileña aumenta a 17 años de cárcel la segunda condena a Lula por corrupción

La Justicia brasileña ratificó y elevó cinco años, hasta 17, una segunda condena por corrupción y blanqueo de capitales dictada en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en libertad tras pasar 580 días en la cárcel por una causa similar.

El anuncio del tribunal de segunda instancia supone un nuevo golpe judicial para el antiguo líder sindical y exmandatario (2003-2010), aunque podrá recurrir en libertad la nueva condena gracias a una reciente decisión del Tribunal Supremo que permitió su excarcelación el pasado 8 de noviembre.

Los tres jueces de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región decidieron por unanimidad elevar a 17 años y 1 mes de cárcel la pena a 12 años y 11 meses que le había sido impuesta en primera instancia en el llamado "caso de Atibaia".

Los miembros de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región concluyeron que quedó comprobado que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos $236,000) que las constructoras  hicieron en una casa de campo situada en el municipio de Atibaia (Sao Paulo), a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.

En su alegación, que se prolongó durante más de cuatro horas, el instructor del caso, Joao Pedro Gebran Neto, manifestó que "poco importa la cuestión sobre la propiedad de casa de Atibaia", pues el "hecho es que Lula usaba el inmueble", formalmente registrado a nombre del empresario Fernando Bittar.

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"Tenemos amplia documentación de pruebas, con informes periciales, documentos, bienes, referencias de testigos de que él (Lula) utilizaba el inmueble", destacó el magistrado en su voto.

Asimismo, antes de iniciar sus respectivas consideraciones sobre el mérito de la condena, los tres jueces votaron en contra de anular el proceso, como había solicitado la defensa del expresidente con base en un reciente fallo de la Suprema Corte.

Según el mismo, en un proceso en que algún imputado coopera con la justicia en contra de otro acusado, este presentará su alegato final por último, lo que no ocurrió durante el juicio de Lula en primera instancia.

No obstante, Gebran Neto, manifestó que, en esta causa, "en momento alguno se demostró la existencia de cualquier tipo de perjuicio con la inversión del orden" de las declaraciones de los acusados, un argumento que fue respaldado por los otros dos jueces.

Tras el veredicto, la defensa del exmandatario brasileño criticó la celeridad del proceso y el cariz político del mismo y volvió a denunciar lo que considera una "persecución" jurídica contra el líder del Partido de los Trabajadores, de 74 años.

"Vimos argumentos políticos siendo presentados en vez de argumentos jurídicos. La cuestión del derecho quedó despreciada", recalcó el abogado de Lula, Cristiano Zanin, en una rueda de prensa celebrada tras la conclusión del juicio.

LULA, EN LIBERTAD MIENTRAS RECURRE A DOS CONDENAS

Sobre Lula ya pesa otra condena ratificada en tercera instancia, después de que la justicia diera por probado que recibió un apartamento en una playa en la localidad de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, a cambio de favores a la constructora OAS en contratos con la petrolera Petrobras.

Por ese caso, el líder del Partido de los Trabajadores llegó a pasar 1 año y 7 meses en prisión, pero quedó en libertad hace cerca de tres semanas tras verse beneficiado por una decisión de la máxima corte del país, que revisó su propia jurisprudencia y consideró que un condenado no puede comenzar a cumplir la pena hasta que sean agotados todos los recursos.

En ese proceso, conocido como el "caso del triplex", Lula, quien ya ha cumplido un sexto de la pena, todavía tiene una alegación pendiente en el Supremo, mientras que en el "caso de Atibaia" le restan dos recursos que podrá llevar a cabo en libertad.

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La decisión del Supremo que benefició a Lula y a otros 5,000 presos encendió las alarmas en Brasilia, capital del país y sede de los tres poderes, y ha abierto un incipiente debate en el Congreso brasileño para buscar fórmulas que permitan la prisión después de segunda instancia a través de la vía legislativa.

Mientras el Congreso articula y siguen pendientes los recursos en la justicia, Lula ha comenzado a movilizar a la adormecida izquierda brasileña para hacer frente al presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, cuya popularidad ha disminuido fuertemente desde que llegó al poder el pasado 1 de enero.

La formación de izquierda ya piensa en las elecciones municipales del próximo año, las cuales servirán de termómetro para medir la fuerza de política de Lula y su principal adversario, Bolsonaro.