La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua pospuso una movilización prevista para este sábado como parte de una "nueva fase de resistencia cívica" contra el Gobierno de Daniel Ortega, luego de que la Policía Nacional no autorizara la marcha.

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La Unidad Nacional invitó ahora a una jornada de "piquetes express" entre las 14.00 y 16.00 hora local (20.00 a 22.00 GMT) en los diferentes municipios de Nicaragua, en sustitución de la marcha.

También a una jornada de "pitazo y cacerolazo" entre las 12.00 y las 14.00 hora local (18.00 y 20.00 GMT), además de invitar a sacar la bandera de Nicaragua, símbolo de las protestas opositoras, "en defensa de nuestros derechos constitucionales".

En un pronunciamiento, la Unidad Nacional explicó que tuvo que cambiar la modalidad de protesta "ante la imposición de un Estado de excepción que limita la libre movilización ciudadana".

"A todas luces queda claro que el régimen continúa imponiendo un Estado de excepción que teme a la expresión ciudadana y que sigue sin dar muestras de buena voluntad", señaló. '

El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia concluyeron el miércoles pasado la mesa de negociación para superar la crisis que estalló hace casi un año, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.

Asimismo, argumentó que "conociendo que este régimen es capaz junto a su ente policial, paramilitar y operadores políticos" de amenazar la vida de las personas, y por un sentido de responsabilidad, decidieron posponer la marcha y cambiar la modalidad de la protesta de este sábado.

La Policía de Nicaragua decidió este viernes "no autorizar" esa movilización pública bajo el argumento que la Unidad Nacional Azul y Blanco no tiene personalidad jurídica.

Además, porque ese movimiento opositor ha estado "involucrado en las graves alteraciones al orden público ocurridas durante los últimos tres fines de semana" en un centro comercial de Managua, "en los que resultaron personas heridas y afectadas las actividades de comercio y de recreación", lo cual fue rechazado por la Unidad Nacional.

Ese movimiento pidió al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y al exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participaron como testigo y acompañante del proceso negociador en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la OEA, respectivamente, tomen nota de la decisión policial.

La Unidad Nacional recordó que el Gobierno de Daniel Ortega se comprometió en la mesa de negociación a fortalecer los derechos y garantías ciudadanas.

Los delegados del Ejecutivo pidieron un tiempo para reflexionar sobre ambos temas, mientras avanzan en la elaboración de los protocolos sobre los acuerdos logrados relativos a derechos y garantías ciudadanas y la liberación de los denominados "presos políticos".

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.