En pleno siglo XXI, nos encontramos con la aberración más grande que emplean algunos países para castigar un delito: la pena de muerte.
En algunas partes se lapida a las personas, en otros lugares hay ejecuciones, sentenciados a la horca, fusilamientos, condenados a la cámara de gas o culminan con la vida de un reo mediante una inyección letal.
A pesar de que con cualquiera de los métodos se acaba con la vida de un ser humano, la lapidación, la horca o los fusilamientos son consideradas las formas más arcaicas para morir.
En países como Afganistán, Nigeria, Irán, Pakistán, Sudán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, se amparan en la ley islámica para hacer cumplir estas sentencias que son aplicadas a las personas casadas que cometen adulterio.
En el caso de los hombres son enterrados hasta la cintura, mientras que las mujeres son enterradas hasta el cuello, para ser lapidados.
En este renglón, la ley establece que si una persona que va a ser lapidada logra escapar, él o ella se deja en libertad. Dado que es fácil para un hombre escapar, esta discriminación se convierte literalmente en una cuestión de vida o muerte”.
Solo el año pasado, Irán ejecutó a 300 personas, cifra que las diversas organismos de derechos humanos y asociaciones jurídicas elevan hasta las 497.
Precisan que la mayoría de las ejecuciones se llevan a cabo los miércoles y domingos.
Por otro lado, en Japón en lo que va de este año, cinco personas han muerto en la horca, la última se realizó en abril.
Los dos hombres ejecutados pertenecían a un grupo mafioso.
Japón cuenta con 134 reos en el corredor de la muerte, la cifra más alta desde 1949, año en el que se comenzó a facilitar este tipo de estadísticas.
En Estados Unidos, hace más de 20 días se ejecutó a una mujer mediante inyección letal, en el estado de Texas.
Lo paradójico es que tanto Japón como Estados Unidos se precian de ser países democráticos, pero mantienen violaciones a los derechos humanos, conservando dentro de sus cartas magnas la pena de muerte.
Estados Unidos
Según datos de la fundación “Death Penalty Information Center”, en Estados Unidos desde que se reinstauró la pena de muerte, cerca de 1,333 personas han sido ejecutadas, y se calcula que 140 han salido del corredor de la muerte, tras ser exculpadas.
De acuerdo con la fundación, de los 1,333 ejecutados, 13 hechos se han registrado este año.
Se estima que, en los últimos cinco años, la pena capital fue aplicada a más de 200 reos (37 en 2008; 52 en 2009; 46 en 2010; y 43 en 2011 y 2012).
En Estados Unidos, actualmente 32 de los 50 estados aplican la pena capital. La misma también es aplicable en Tribunales Federales y jurisdicciones militares.
El 2 de mayo, el estado de Maryland, dio un paso adelante y logró abolir esta medida de castigo.
Por otro lado, el 27 de junio de este año, el estado de Texas ejecutó al preso número 500, un récord en un país donde la pena capital está en total decadencia.
Mientras tanto, hay que destacar que los estados del Sur acumulan la mayor parte de las ejecuciones.
En primer lugar se encuentra Texas, con 498, seis de ellas se llevaron a cabo este año (2013), es el estado donde más veces ha sido aplicada la pena de muerte desde 1976.
Le siguen los estados de Virginia, con 110, uno de ellas este año, y Oklahoma, con 103.
De los métodos utilizados para hacer cumplir las sentencias está la inyección letal, que es aplicable en 35 estados y con ella se acabó con la vida de unas 1,158 personas.
Los datos de la organización “Death Penalty Information Center” detallan que la silla eléctrica fue utilizada en 158 ejecuciones, 11 condenados murieron en la cámara de gas, tres en la horca y otros tres fueron ajusticiados por un pelotón de fusilamiento.
América Latina
En este lado del mapa, países como Bahamas, Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y algunas de las Pequeñas Antillas continúan aplicando la pena capital.
En Cuba, los enjuiciados son fusilados, el último acto de esta índole se llevó a cabo en el año 2003, cuando cuatro ciudadanos fueron condenados por actos terroristas.
Por otro lado, en Guatemala, la Constitución contempla la pena de muerte, y le da la facultad al Congreso de abolirla, y se le garantiza al reo hasta el último recurso disponible dentro del sistema de justicia.
En tanto, datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detallan que en los últimos 15 años, Estados Unidos ejecutó a 37 personas beneficiarias de medidas cautelares; Guatemala, a tres y Trinidad y Tobago, a dos.
Panamá
En julio de 2011, el diputado Marco González impulsó un proyecto de ley para que en Panamá se impusiera la pena capital; en los casos de homicidio y genocidio, los delitos contra la seguridad colectiva y de violencia sexual.
El anteproyecto de ley en su momento riñe con la Constitución en el artículo 30 que prohíbe la pena de muerte.
Es también contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre y los convenios internacionales de los que Panamá es parte, que suponen la supresión de la pena capital.
Debido a la presión pública y de distintas agrupaciones de derechos humanos se desistió de llevar adelante este anteproyecto.
En contraposición a ello, se aprobaron una serie de reformas al Código Penal, mediante el cual se registran aumento de penas en algunos delitos de importancia.
Realidad
Hablar de la pena de muerte en cualquier ámbito genera polémicas y susceptibilidades, asegura el expresidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, Roberto Troncoso.
Bajo su punto de vista, “cualquier país que tenga como castigo la muerte está en un plan de retroceso en toda su legislación”.
“Estas medidas cada día se van suprimiendo y se sigue aboliendo, ya que la pena de muerte está fuera de lo que establece la Declaración de los Derechos Humanos, consignada después de la II Guerra Mundial”, sentenció Troncoso.
Chile, Argentina y Bolivia, de alguna manera, han sacado esta medida de sus legislaciones, lo que indica un progreso y que se busca creer en el sistema judicial.
Por otro lado, Troncoso destacó que en los países donde aún se aplican la lapidación, ejecuciones y se mata mediante la horca, es porque están sujetos a los poderes culturales y religiosos.
“Dentro de los porcentajes del cristianismo, 50% del ser humano es rescatable para estas culturas y hay quienes no merecen ser rescatados”.
La pena de muerte debe ser abolida, ya que no ofrece ningún tipo de racionalidad y ello no hace mucho sentido en nuestros tiempos en los que los sistemas de justicia se están tratando de adecuar para respetar la vida que es un tesoro; sentenció el expresidente del Comité Panameño de Derechos Humanos de Panamá, Roberto Troncoso.
