"Consideramos imprescindible el retiro de la fuerza pública de los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca"", afirmó en un comunicado el secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Sin esta garantía, a otorgar por el señor (presidente) Alvaro Uribe, resulta estéril el terreno a recorrer hacia el primer encuentro de los tres voceros de las FARC, nombrados y listos para cumplir su misión hace más de dos años"", agregó el mensaje enviado a la AP por correo electrónico.
De este modo, el grupo insurgente rechazó la oferta lanzada por el gobierno la semana pasada que incluía un encuentro ``directo e inmediato"" entre el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y los negociadores rebeldes encargados de debatir el canje.
Según Restrepo, la reunión podía realizarse en "condiciones razonables de seguridad"" para los dirigentes guerrilleros, pero en ningún caso esto implicaría un despeje militar del territorio, ya que eso iría en contra de la política oficial de aumentar la presencia de las tropas en todo el país.
La negativa al despeje proviene de la mala experiencia de la zona de distensión de 42, 000 kilómetros cuadrados que creó el pasado gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) para adelantar un proceso de paz con esta guerrilla. El gobierno y las fuerzas militares de Colombia rechazaron ayer los condicionamientos de la guerrilla de las FARC para posibilitar un intercambio de secuestrados en poder del grupo rebelde por insurgentes presos, y exigieron la liberación de los retenidos.
El ministro del Interior, Sabas Pretelt, dijo que las FARC "cierran con arrogancia las puertas a cualquier diálogo", refiriéndose a un mensaje divulgado en internet por el grupo rebelde, en el que reiteran sus exigencias para realizar un canje.
En el documento, las FARC condicionan el intercambio a la desmilitarización de dos municipios del suroeste colombiano y la repatriación de los jefes guerrilleros Simón Trinidad y Omaira Rojas (Sonia), extraditados a Estados Unidos bajo la acusación de narcotráfico.
La guerrilla "debe entender que no es la dueña de la vida de los secuestrados", enfatizó el ministro, quien rechazó el pedido del grupo insurgente para que se investigue al gobierno por la decisión de extraditar a los dos líderes rebeldes.
"A ellos (las FARC) se les dijo que hablaran antes de la extradición de Simón Trinidad, (y) no les importó", agregó.
Antes de la extradición en diciembre pasado de Trinidad, un ex banquero graduado en Harvard y que se convirtió en uno de los comandantes de las FARC, el presidente Alvaro Uribe ofreció suspender su entrega a Washington si la guerrilla accedían a negociar. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal guerrilla colombiana con unos 17, 000 integrantes, exigen la liberación de unos 500 rebeldes presos, a cambio de soltar a 23 políticos y 47 militares que mantienen secuestrados, algunos desde hace más de siete años.
Para las FARC la última propuesta del gobierno, que despertó moderado optimismo en los familiares de los secuestrados, tiene un "interés electorero"", para la posible reelección de Alvaro Uribe.
