- 2012 se aprobó en el Congreso, el marco jurídico que busca regular el fin del conflicto armado.
Municipio de Saravena recibe tropas de emergencia, tras dos atentados
- El Ministerio de Defensa de Colombia anunció que incrementará la presencia del Ejército en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca (este), después de que en un solo día se haya registrado el asesinato de un político local y un ataque con explosivos a ocho militares. La comunidad de #Saravena no está sola. Iniciamos intervención con toma de #Saravena que trae el incremento del pie de fuerza, anunció el ministerio en su cuenta oficial de Twitter. A la zona, fronteriza con Venezuela, viajará el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, quien supervisará las medidas ordenadas por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, entre las que se encuentra un importante aumento de la presencia de miembros de la fuerza pública. Con este desplazamiento de tropas, el Gobierno responde a la petición del gobernador de Arauca, José Castillo, que solicitó al Estado que ponga los ojos en este departamento.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) llamaron a dejar a un lado todo sentimiento de odio y venganza para tratar el tema de las víctimas que consideraron clave para llegar a un acuerdo final en el diálogo de paz que adelantan con el Gobierno colombiano.
Iván Márquez, jefe de la delegación de las Farc al diálogo de paz, cuyo nombre verdadero es Luciano Marín, leyó un documento antes de la primera sesión de un nuevo ciclo entre los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Gobierno de Colombia en el que abordarán el tema del resarcimiento de las víctimas de medio siglo de conflicto armado interno, el cuarto y, para muchos, el más complicado de los seis puntos por tratar en la mesa de negociación.
“Tendremos... que disponer el espíritu para la humildad, para escuchar, para el perdón y digo esto refiriéndome a todos los colombianos..., hay que dejar atrás los sentimientos de odio y de venganza si queremos tener patria en paz”, afirmó Márquez.
El comandante rebelde consideró “transcendental” el tema de las víctimas. Y agregó, “estamos abriendo ese debate y este asunto es muy importante porque él nos va a entregar las claves para esbozar el camino hacia la reconciliación de la familia colombiana”.
Se espera la llegada esta semana de un grupo de las 60 personas como representantes de los millones de víctimas directas o indirectas del conflicto interno de 50 años, como los asesinados, desaparecidos, secuestrados o desplazados de sus tierras por la acción de las guerrillas, de los paramilitares y de agentes del Estado corruptos, según los informes.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los rebeldes de las Farc establecieron una agenda de seis puntos antes del comienzo del diálogo de paz en noviembre de 2012 con el auspicio de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela.
Hasta la fecha, las partes llegaron a acuerdos en los otros tres temas: el agrario y los problemas relacionados con la tierra, la participación política de los rebeldes y el combate al narcotráfico.
Por otra parte, en el documento de las Farc, los rebeldes afirmaron que no acataban el llamado marco jurídico para la paz porque “para los efectos de lo que se construye en La Habana, ese acto legislativo no existe porque no ha sido consensuado”.
El marco jurídico para la paz, aprobado por el Congreso colombiano en el 2012 busca regular el fin del conflicto armado de acuerdo con la legislación existente, por ejemplo, autoriza la creación de mecanismos judiciales para la desmovilización de los grupos armados o garantizar el derecho de las víctimas, entre otros.
Las Farc consideraron que dicho acto legislativo “apunta a colocar a la guerrilla como único victimario, y le quita la posibilidad de cualquier participación política a su dirigencia”.
Santos consideró que el proceso de paz llegó a su fase final en declaraciones recientes, sin embargo, “Timochenko”, jefe máximo de las Farc, no se mostró tan optimismo y señaló, “me temo que no” se evacuarán los puntos en lo que resta de 2014.
Según lo acordado, en cada uno de los próximos cinco ciclos y desde este 16 de agosto participará una delegación de víctimas integrada por 12 personas como máximo y seleccionada por la ONU y la UN buscando una representatividad entre los afectados por actos de la guerrilla, los paramilitares o el Estado.
Como compromiso, el Gobierno y las Farc han manifestado que “no se intercambiarán impunidades” en La Habana, una premisa en la que parecen coincidir al margen de otras tantas contradicciones que aún enfrenta el proceso.
Por ejemplo, las Farc divulgaron un comunicado en el que reiteran que no acatarán un marco jurídico para la paz que no haya sido consensuado en La Habana y rechazaron cualquier acción jurídica a espaldas de la mesa.
En concreto, la guerrilla lanzó críticas contra el instrumento conocido como acto legislativo 01 de 2012 o Marco Jurídico para la Paz, aprobado en el Congreso en 2012, y contra una reciente sentencia de la Corte Constitucional que niega la participación en política de miembros de las Farc que hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad o genocidio.
