Fuerzas federales desarmaron a toda la policía local del puerto de Acapulco ante sospechas de que grupos criminales se infiltraron entre ellos y que quedaron al mando de la seguridad en este turístico municipio en la costa del Pacífico mexicano.

Según informó el martes el Grupo de Coordinación Guerrero, responsable de la seguridad en este estado del sur del país, en el operativo participó el ejército, la marina, la policía federal y la estatal y la fiscalía de Guerrero, que verificaron a todo el personal, el armamento, chalecos balísticos, cartuchos y radios de comunicación. Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades estatales.

Durante esta revisión, los dos mandos operativos de la policía de Acapulco fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de homicidio y el jefe de la policía de tráfico fue puesto a disposición federal después de que se le encontraran armas no oficiales.

“Los demás integrantes de esta corporación están sujetos a investigación”, agrega la nota.

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El portavoz de seguridad del estado, Roberto Álvarez Heredia, dijo que todos los agentes municipales serán evaluados y sometidos a exámenes de control de confianza mientras las fiscalías federal y estatal realizan las investigaciones correspondientes.

El desarme se debió al incremento de la violencia registrada en Acapulco “y a la nula actuación de la policía municipal para enfrentar el fenómeno delictivo”, según el grupo.

El año pasado, Acapulco, la mayor ciudad del estado con 800,000 habitantes, tuvo una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más altas de México y del mundo.

El desarme de las policías locales se ha repetido en distintos puntos del país en los que los equipos de seguridad local habían sido infiltrados por el crimen organizado.

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Solo en Guerrero han sido desarmadas policías locales de forma temporal en más de una docena de pueblos y ciudades desde 2014, incluida la capital del estado, Chilpancingo.

En el fronterizo estado de Tamaulipas, en el noreste del país y una de las regiones con mayor actividad del crimen organizado, han sido desmanteladas la gran mayoría de policías locales desde 2011 y con grupos conjuntos del estado y la federación los que se encargan de la seguridad.

Debido a sus bajos sueldos y la poca formación que tiene la mayoría, las policías locales han sido uno de los principales objetivos a corromper por los cárteles para garantizarse impunidad en sus actividades. De hecho, tanto en Guerrero como en Tamaulipas o el también norteño estado de Coahuila, investigaciones federales han demostrado la participación de agentes municipales en el secuestro o desaparición de personas.