La corrupción del sistema judicial y penitenciario de Camboya se ha convertido en una pena añadida a la condena por tráfico de drogas que cumplen seis presos latinoamericanos en el país asiático.
Los peruanos Eduardo Rosales, Cristian Romero, Heder Martel, Silvia Gómez y Rodolfo Otero; y el ecuatoriano José Alfonso Picuasi cumplen penas de entre 5 y 20 años de prisión desde 2006.
Dificultades.
Tras pasar por un proceso judicial con escasas garantías, sufren las pésimas condiciones de las cárceles camboyanas, en las que se ven obligados a sobornar a los guardas para tener acceso a agua o comida e incluso, para poder salir de la celda.
Las irregularidades en la Justicia camboyana se hacen presentes desde el momento mismo de la detención.
Éste fue el caso de Rodolfo Otero, condenado a 20 años de cárcel pese a ser el único de los seis procesados al que la Policía camboyana no encontró ningún rastro de droga, según su letrado.
"Le obligaron a firmar un documento escrito en lengua "jemer" sin comprender lo que allí ponía ni tener la asistencia de un abogado", explicó la madre del joven, Felicia Farías, quien, poco después de la detención se desplazó a Camboya para asistir a su hijo.
Las confesiones escritas, obtenidas a veces bajo coacción, "acostumbran a ser las únicas pruebas" contra unos presos que se ven forzados a firmar declaraciones sin conocer su contenido ni disponer de asistencia legal, según reconoce el último informe sobre la situación de los derechos humanos en Camboya del Departamento de Estado de EEUU.
Aunque la ley camboyana contempla la presunción de inocencia y el derecho de apelación, "los acusados se ven obligados a sobornar a los jueces para garantizar un veredicto favorable", añade el mismo informe.
Rodolfo fue víctima de este sistema y de la incompetencia de unos abogados que, dos años después de la condena, siguen sin presentar la apelación.
