La intención del Gobierno chileno de levantar el secreto sobre los testimonios de la comisión Valech, que recopiló las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, desató una tormenta sobre las consecuencias de esa decisión, pese a que puede acelerar procesos judiciales en marcha.
Coincidiendo con una nueva conmemoración del golpe de Estado de 1973, el pasado 11 de septiembre, la presidenta Michelle Bachelet anunció que sometería a discusión inmediata en el Parlamento una moción que busca levantar el secreto que pesa sobre los testimonios recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la llamada Comisión Valech I.
Y aunque después de que la Comisión de Derechos Humanos del Senado despachara la iniciativa el miércoles pasado y el Gobierno optara después por rebajar la urgencia de la iniciativa en el Congreso.
