La nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia decretada por el presidente, venezolano, Hugo Chávez, generó polémica en medios académicos y políticos que la consideran "inconstitucional".
Mientras el Gobierno, en boca de Chávez y del ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, asevera que la norma garantiza la "seguridad nacional" frente a los "ataques imperialistas", académicos la consideran "regresiva" en materia de Derechos Humanos y, por tanto, "inconstitucional".
La abogada penalista y profesora de Derecho Penal y Procesal de la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Magaly Vásquez, dijo que la Ley es "muy represiva", y puede ser utilizada como "un instrumento de persecución".
A su juicio, la norma, aprobada por decreto presidencial la semana pasada, "va en contra de la Constitución de 1999" porque "quita atribuciones" que pertenecen "constitucionalmente" al Ministerio Público.
Otorga "valor probatorio a actuaciones (policiales) que se realizan sin control de ningún tipo", y además, considera válidas en un juicio "pruebas en las que no hay una intervención judicial".
Vásquez señaló que la nueva ley establece "pocos controles que garanticen la seguridad jurídica de personas "que podrían ser víctimas de la ley".
La experta subrayó que la norma abre la posibilidad a que en Venezuela se constituyan grupos similares a los "Comités de Defensa" cubanos, en los que "las personas naturales deben cumplir" con tareas de vigilancia y suministro de información a las autoridades estatales.
"La ley considera como órgano de apoyo" incluso "a las personas naturales y a las comunidades organizadas", y los individuos que no cumplan "serán responsables conforme a la Ley de Seguridad y Defensa", aseguró la experta.
La profesora universitaria alertó que la nueva Ley "puede afectar seriamente al periodismo de investigación y al derecho de libertad de expresión", porque parte de la premisa de que "debe haber una reserva de la actividad investigadora por parte de los medios".
