El proyecto final de Ley de Comunicación fue entregado a la Asamblea Nacional por parte de la comisión legislativa encargada de su elaboración, y pronto despertó el rechazo de medios de comunicación y organizaciones periodísticas que lo calificaron de atentatorio a la libertad de expresión.
Con los votos del oficialismo, la Comisión de Comunicación de la Asamblea redactó un proyecto legal que determina sanciones para los medios de comunicación que incluyen amonestación escrita, multas por hasta $10,000, suspensión de uno a 30 días y clausura del medio.
Junto con ello se crea un Consejo Nacional de Comunicación e Información que velará por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, y que sería integrado por dos representantes del Gobierno, uno de las facultades de comunicación, y tres de la ciudadanía.
De igual forma, el proyecto establece que las direcciones editoriales y la elaboración de la noticia en los medios de comunicación deberán estar a cargo únicamente de periodistas profesionales o comunicadores sociales titulados.
“Proyecto restrictivo”.
César Ricaurte, director de Fundamedios, organización de defensa de la libertad de expresión, manifestó a BBC Mundo que el texto entregado a la Asamblea es “un proyecto restrictivo de las libertades y derechos de los ciudadanos, que vulnera gravemente la libertad de expresión”.
Según Ricaurte, el proyecto impulsado desde el oficialismo ha sido diseñado con un carácter punitivo.
“Se está creando un tipo de delito especial para los medios, que equivale a los delitos mediáticos que se inventaron en Venezuela", manifestó Ricaurte, al criticar el que la comisión legislativa que redactó el proyecto amplió el concepto de responsabilidad ulterior sobre el accionar de los medios a lo que determine la Ley de Comunicación, más allá de lo que ya dispone el ordenamiento jurídico general ecuatoriano.
