El poder de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Ecuador fue desafiado ayer por una resolución municipal que cuestionó su constitucionalidad y ordenó la libertad de un ex funcionario supuestamente involucrado en una compra irregular de armas a Argentina en 1995.
El vicealcalde de Quito, Andrés Vallejo, consideró ilegal la orden de prisión domiciliaria que emitió esta semana el presidente de la CSJ, Guillermo Castro, contra el ex ministro de Defensa, José Gallardo, para investigar su participación en la compra de 4,998 fusiles FAL y cartuchos obsoletos.
