Por más de cien años los departamentos bolivianos han buscado la forma de cortar el cordón umbilical con el gobierno central, el cual toma todas la decisiones políticas y administrativas del país, y para los gobernadores de los diversos departamentos por la burocracia se hace difícil resolver los problemas de forma inmediata.
Las anomalías de los diversos departamentos bolivianos la podemos explicar de la siguiente manera: Si en un departamento se necesita un educador, hay que esperar que el gobierno central cuya sede está en La Paz, resuelva la falta de docentes, en este aspecto los gobernadores que rigen los departamentos no tienen ninguna ingerencia.
Situaciones como estas han provocado que varios departamentos que componen Bolivia hayan decidido darle un giro a su futuro y tratar de lograr mediante un referéndum autonómico tomar decisiones que solucionen de forma inmediata las necesidades de los ciudadanos y que le den independencia del gobierno central.
Estos cambios se dan en un momento político muy complicado, donde el presidente Evo Morales, prometió durante la campaña presidencial reformas constitucionales, aprobadas por el ala gubernamental en noviembre de 2007, sin el apoyo de la oposición, situación que ha causado una fuerte crisis política en el país, lo que ha provocado que cuatro departamentos exijan las autonomías prometidas en la Constitución que debe ser aprobada.
El primer departamento en dar este paso fue el bastión de la oposición boliviana (Santa Cruz), el pasado cuatro de mayo, logrando una aprobación de su autonomía con un 85% de los votos.
Hoy toman esta decisión Beni y Pando y para el 22 de junio la gobernación de Tarija llevará a cabo su consulta popular.
¿Qué se exige? Lo que las regiones buscan con este proceso autonómico, es administrar sus recursos y tendrían control en sus decisiones políticas, administrativas, educativas, y éstas no emanarían de La Paz.
Además tendrían jueces y autoridades electorales locales, que determinarían las políticas para el desarrollo regional. Los demás poderes como el de Política Exterior, el Ejército, la Policía y demás estamentos, seguirán bajo el mando del gobierno central.
Repercusiones.
Para la analista Jimena Acosta la lucha que se libra en el país desde el año pasado ha sido interminable, y aunque no pone al país en peligro como nación, sí lo mina a lo interno, porque hay un desgaste muy serio en materia política.
