Opinión
La líder opositora venezolana María Corina Machado, despojada de su investidura como diputada, encabezó una marcha hacia el Parlamento venezolano, donde le fue negado el acceso después de que la Policía dispersara a cientos de simpatizantes con gases lacrimógenos y perdigones.
Machado se dirigió a cientos de simpatizantes y a otros parlamentarios de oposición que se concentraron en una plaza ubicada en el centro-este de Caracas antes de partir hacia la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), cuya sede se encuentra en el oeste de la ciudad.
“A esta hora, como su diputada, voy a dirigirme con mis colegas diputados a la AN porque tengo el derecho y tengo el deber de ser su voz, tengan la seguridad de que claramente pretenden callarme, aplacarnos, doblegarnos, nuestra fuerza coge más brío”, dijo Machado antes de partir al Parlamento.
Apuntó que “hay un contundente golpe de Estado a la Constitución venezolana” y aseguró que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial “están confabulados” y “de rodillas a un régimen extranjero, al régimen cubano” que está “ultrajando” la soberanía de Venezuela.
La dirigente “exigió” la renuncia de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, y de la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez.
También pidió un cambio hacia “un verdadero poder electoral” porque, señaló, “terminará siendo por la vía electoral, en elecciones limpias y justas” que se logrará “la sustitución y la remoción constitucional de este régimen dictatorial”.
La opositora señaló que el “pueblo de Venezuela” salió a la calle a protestar y no regresará hasta que conquiste “la democracia y la libertad”.
Tras el breve discurso, la dirigente caminó acompañada por decenas de seguidores, sorteando varios cordones policiales, hasta que la manifestación fue reprimida con gases.
La exdiputada, sin embargo, logró llegar a una de las entradas a la zona donde funciona la AN mientras recibía insultos por grupos de chavistas y le gritaban “fuera golpista”, para después ser informada por funcionarios de seguridad del Parlamento que no estaba permitido el paso a “civiles”.
Finalmente, Machado se marchó de la zona en una motocicleta sin poder pisar la Asamblea, donde estaba convocada una sesión ordinaria.
La pérdida de su investidura como diputada fue decidida la semana pasada por la mayoría oficialista del Parlamento y secundada este lunes por el Tribunal Supremo de Justicia en vista de que Machado aceptó la representación alterna de Panamá para asistir a una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según la OEA, Panamá inició el trámite el 20 de marzo pasado para acreditar Machado como su representante alterna para que hablara en una sesión del organismo interamericano el 21 de marzo pasado, “pero administrativamente no se finalizó”, pues la misión panameña “canceló la solicitud” el día 24 siguiente.
De acuerdo con Machado, el objetivo de hablar en la OEA era exponer la crisis que vive Venezuela desde el pasado 12 de febrero, cuando estalló la violencia al finalizar una manifestación de estudiantes, pero la mayoría de los países del organismo rechazó abordar la situación en ese país.
Las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro y el deterioro de la situación económica y social del país han dejado, hasta ahora, 39 muertos y cientos de heridos.
La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada una moción de urgencia en la que se establecía que Machado había perdido en forma automática su investidura parlamentaria al ejercer como embajadora accidental de Panamá ante el Consejo Permanente de la OEA y que no hacía falta cumplir los requisitos constitucionales para allanarle la inmunidad.
El presidente del Congreso, el diputado oficialista Diosdado Cabello, justificó la acción contra Machado argumentando que la Constitución establece que “los funcionarios no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de Gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional”.
La diputada opositora Dinorah Figuera consideró la sentencia contra Machado una “maniobra del Gobierno” para sacar a los opositores de la Asamblea Nacional.
El año pasado, el oficialismo inició procesos legales contra dos diputados opositores por supuestos hechos de corrupción, lo que le permitió sacarlos del Congreso y lograr los votos necesarios para darle al presidente Nicolás Maduro una ley habilitante que le permite legislar hasta noviembre de este año por decreto.
“Nos reservaremos las acciones legales”, dijo Figuera en un comunicado de prensa al anunciar que la oposición activará una “agenda de lucha internacional” para dar a conocer la “vulneración de la institucionalidad del Parlamento por parte del oficialismo”.
Investigación
El oficialismo venezolano presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una solicitud para que la dirigente opositora despojada de su cargo de diputada, María Machado, sea investigada por traición a la patria por aceptar una representación alterna de Panamá en una sesión de la OEA.
“Una diputada que se ha convertido, (...) como lo venimos a anexar en el día de hoy, en una traidora a su patria. Ha ido a un mecanismo internacional en desmedro a su patria”, declaró a los medios a las afueras del TSJ el diputado del Partido Socialista (PSUV) Robert Serra.
“Queda claro que la ciudadana María Machado no es diputada de la República (...) y, por consiguiente, no goza de la inmunidad y de ninguna de las prerrogativas que establece el cargo de diputada a la Asamblea Nacional”, afirmó Serra.
La OEA informó hace unos días que el trámite para que Machado interviniera en la sesión se inició el 20 de marzo con vistas a que hablara al día siguiente, “pero administrativamente no se finalizó”, pues la misión panameña “canceló la solicitud” el día 24.
En el TSJ, los diputados estuvieron acompañados de cientos de simpatizantes del Gobierno con los que después se desplazaron hasta el Parlamento para mostrar su apoyo a la decisión tomada por el oficialismo y hasta donde también trató infructuosamente de llegar la misma Machado, como prometió durante los últimos días.
Tras llegar a las afueras del recinto parlamentario, Machado fue informada por funcionarios de seguridad de la Asamblea Nacional (AN) de que no estaba permitido el paso a “civiles”.
“En el instante en que la diputada María Machado asumió otra responsabilidad, violó la Constitución nacional y se desprendió de su cargo de diputada en la AN, por consiguiente, no hubo destitución, no hubo otra figura jurídica más que la renuncia”, dijo Serra.