En vísperas del trigésimo aniversario del retorno de Argentina a la democracia, las protestas de policías por reclamos salariales se extienden por el país junto a saqueos que han causado tres muertos en los últimos días y que el Gobierno atribuye a intentos de desestabilización.
La huelga de los policías que comenzó en Córdoba, la segunda ciudad más importante de Argentina, el pasado martes, se ha replicado en una decena de provincias y en ocho de ellas los uniformados se mantenían autoacuartelados con sus familias.
Esas ocho provincias son Buenos Aires, Entre Ríos (este), La Pampa (centro), Santa Fe (centro), Tucumán (norte), Chaco (norte), Mendoza (oeste) y Chubut.
Entre Ríos fue escenario la madrugada de ayer de una oleada de robos y saqueos, jornada en la que una persona falleció electrocutada y otras 40 resultaron heridas, confirmó el gobernador provincial, Sergio Uribarri.
Esta muerte se suma a las dos registradas el pasado miércoles en la ciudad de Córdoba, a unos 700 kilómetros al oeste de Buenos Aires, y en Glew, en la periferia de la capital argentina.
Altos cargos del Ejecutivo nacional y de gobiernos provinciales advirtieron a los policías que las demandas deben ser resueltas a través del diálogo y no mediante paros.
"No es el método y la manera de plantear demandas salariales generando una extorsión a los gobiernos provinciales", manifestó a la prensa el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich.
Capitanich vinculó el conflicto de la policía con "procesos de desestabilización" y una clara "intencionalidad política de provocar".
A su juicio, los disturbios han seguido un patrón similar en todos los casos, al comenzar con una huelga de policías que es aprovechada por bandas organizadas para robar y "generar caos y zozobra".
"No es casualidad que este aspecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, al cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida", agregó el jefe de ministros argentino.
