Un marroquí dueño de un comercio donde fueron vendidas la mayoría de las tarjetas telefónicas usadas como detonadores en los atentados de Madrid, dijo que fue acusado en el caso como castigo por negarse a ser un informante de la policía.
Jamal Zougam, de 33 años, figura entre 29 sospechosos acusados de los atentados ferroviarios madrileños del 11 de marzo del 2004 que mataron a 191 personas e hirieron a más de 1,800.
Zougam dijo que en dos ocasiones se le acercó la Policía para intentar obtener información acerca de fundamentalistas islámicos, pero que él se negó a hacerlo.
"No tuve nada que ver con ese ataque ni con ningún otro ataque. Ignoro por qué estoy en este juicio", señaló.
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