Las nuevas bandas criminales fueron las principales impulsoras del terror en Colombia y provocaron un incremento del 40% de las masacres en 2010, según la ONU, que, al tiempo, destacó avances en las políticas de derechos humanos desde que Juan Manuel Santos asumió la Presidencia.
Estas son algunas de las conclusiones del informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado ayer en Bogotá y en el que se evidencia que, si bien el conflicto armado sigue siendo uno de los mayores generadores de violencia, las nuevas bandas se presentan como la mayor amenaza.
El representante en Colombia de la ONU, Christian Salazar, dijo que estos grupos, denominados bandas criminales o “bacrim” por el Gobierno, cometieron “homicidios, amenazas, extorsiones y actos de violencia sexual, y provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos”.
Salazar consideró “particularmente preocupante” el aumento del 40% de las masacres, el año pasado, la mayoría a manos de estas bandas.
Para el funcionario, estas organizaciones, nacidas a partir de la desmovilización en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tienen “elementos de continuidad” con los antiguos paramilitares.
“Muchos mandos medios de las AUC tomaron posiciones clave en estos nuevos grupos”, dijo, al expresar que alrededor del 50% de los actuales jefes provienen de los escuadrones de la muerte.
Lucro económico.
Para Salazar, “el móvil fundamental es la obtención de lucro económico” y por ello “ejercen control social y recrean estructuras similares a la delincuencia organizada”, aunque “sin evidenciar una clara y coherente ideología o intencionalidad política”.
“Son la principal amenaza al Estado de Derecho y a los derechos humanos en Colombia”, remarcó, para precisar que son además los causantes de la mayoría de las masacres perpetradas en 2010.
Aclaró que sus víctimas son líderes sociales, defensores de los derechos humanos, funcionarios públicos, indígenas y aquellos que simplemente se niegan a colaborar o solicitan la restitución de las tierras que les habían usurpado.
Asimismo, alertó del uso de niños y adolescentes en actividades delictivas, incluido el sicariato, y también por la violencia sexual contra las mujeres en este contexto de conflicto.
Salazar también informó que, según los datos aportados por la Fiscalía General y los recabados por su propia oficina, las ejecuciones extrajudiciales practicadas en su mayoría por el Ejército en los últimos años se elevarían a 3,000.
“El 89% de todos los casos que conocemos se produjo en ese lapso, de 2004 a 2008”, matizó en alusión a la mitad del mandato de Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010.
