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- El principal debate llegó a la hora de fijar el radio de acción de la preponderancia.
- El PRI apostó desde el primer minuto a que se midiese por sector, es decir, solo en dos áreas: radiodifusión y telecomunicaciones. Esta propuesta soliviantó a numerosos parlamentarios de la oposición que consideraban que, al no acotar más el campo de juego, se cedía ante Carlos Slim y Emilio Azcárraga, Jean Azcárraga. A cambio propusieron que la preponderancia se determinase por servicio (televisión en abierto, de pago, radio, internet, telefonía móvil y fija), lo que permitía un espacio de maniobra mucho mayor al organismo controlador.
- Otro aspecto polémico fue la posibilidad que otorga la norma para bloquear en una zona determinada las telecomunicaciones ante “la comisión de delitos”. Para las organizaciones cívicas, este apartado permitirá el apagón comunicativo en manifestaciones o actividades de protesta.
El Senado de México completó en la madrugada de ayer la aprobación de las leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y las remitió a la Cámara de Diputados para su revisión.
El presidente del Senado, Raúl Cervantes, declaró aprobadas las leyes al cabo de 17 horas y 88 intervenciones en tribuna de senadoras y senadores que expusieron los argumentos que orientaron su voto y propusieron cambios al dictamen.
Con ello, Cervantes cerró la sesión extraordinaria convocada para discutir y votar las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones promulgada en 2013.
El dictamen para expedir las mencionadas leyes ya había sido aprobado anoche en lo general, pero la discusión de las más de 300 reservas a distintos artículos prolongó la sesión hasta las 05:30 de la madrugada hora local.
Entre las modificaciones al dictamen avaladas por los senadores se precisa que a partir del 1 de enero de 2015 los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que presten servicios fijos, móviles o ambos, no podrán realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que realicen a cualquier destino nacional.
Se establece que los programas de acceso a banda ancha en sitios públicos realizarán cada año conexiones de manera progresiva hasta alcanzar la cobertura universal.
A quienes por razón de su cargo o empleo en empresas de telecomunicaciones proporcionen ilícitamente informes acerca de las personas que hagan uso de esos medios de comunicación se les impondrá una pena de tres meses a tres años de prisión y serán destituidos de su cargo.
Un cambio relevante expone que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, estado de salud, religión, preferencia sexual o estado civil.
Ahora las leyes pasan a la Cámara de Diputados, que se espera convoque a su propio periodo extraordinario a principios de la próxima semana para abordar el tema.
La reforma aprobada en 2013 busca mejorar la competencia y el acceso a servicios clave de telecomunicaciones, pero principalmente limitar el poder de los operadores preponderantes.
