La polémica ley que permite en el estado de Arizona detener a cualquier persona de la que se sospeche que no está legalmente en EE.UU. ha generado hasta hoy un rechazo unánime de la sociedad y las autoridades mexicanas, pero de momento pocas acciones de reciprocidad.
La aprobación de la ley SB1070 produjo una oleada de críticas del Ejecutivo mexicano e incluso de gobernadores locales, como el mandatario de Sinaloa, Jesús Aguilar, quien en un aviso de prensa afirmó que esa norma tiene como propósito “discriminar a las minorías” y “perseguir a las personas por motivos de nacionalidad”, lo que evidencia su “carácter racista y discriminatorio”.
El Senado mexicano pospuso indefinidamente la aprobación de un acuerdo de cooperación en materia de desastres naturales con Estados Unidos, y las dos Cámaras del Congreso emitieron una enérgica condena contra la medida.
La canciller mexicana, Patricia Espinosa, advirtió que la SB1070 “afecta la relación entre Arizona y México y obliga al Gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona”.
