La jornada fue abierta con un paro de funcionarios del Estado en el que, según la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), participaron más de 1.4 millones de funcionarios en todo el país.
La mitad de los huelguistas pertenecen a los sectores de la educación, la salud y las empresas públicas de servicios, señaló a el vicepresidente de la CUT, Fabio Arias.
A la jornada también se unió una alianza de organizaciones sociales, de búsqueda de la paz y de defensa de los derechos humanos, para rechazar el terrorismo, los crímenes de guerra o de lesa humanidad, y la resistencia del Gobierno y los grupos ilegales a cumplir con las recomendaciones que les ha hecho Naciones Unidas.
La jornada fue convocada para rechazar las negociaciones de un tratado de libre comercio con EU y la agenda del Gobierno en el Congreso, centrada en una reforma al régimen de pensiones y otra tributaria, por compromisos del Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional.
Los manifestantes rechazan el proyecto de enmienda constitucional que permita la reelección de Uribe, que sólo está pendiente de dos votaciones en la Cámara de Representantes, una en el comité de asuntos constitucionales y otra en un pleno.
La Convergencia Nacional Campesina, Negra e Indígena (CNI) y la opositora Alternativa Democrática (AD), que reúne formaciones políticas independientes y de izquierda, entre ellas el Polo Democrático Independiente (PDI), completan las coaliciones que se adhirieron a la protesta.
Las autoridades autorizaron la realización de seis marchas que, desde distintos sectores de la ciudad, confluirán en la céntrica Plaza de Bolívar.
En Bogotá, la Policía dispuso de 2,000 agentes para vigilar las marchas en el centro de la capital.
Este paro nacional es precedido de una huelga de los camioneros que duró tres semanas para exigir mejoras a sus ingresos y de una multitudinaria marcha indígena para demandar respeto a sus derechos humanos en el marco del conflicto armado.
