Quito tiene casi 500 barrios ilegales, construidos en terrenos no urbanizables, cuyos habitantes luchan para que el ayuntamiento regule su situación y les proporcione servicios básicos como luz, agua o alcantarillado.
El fenómeno es fruto de la codicia de traficantes de tierras y afecta a miles de familias desde hace décadas, pero ha cobrado especial interés tras las recientes invasiones de terrenos en Guayaquil.
El Gobierno de Rafael Correa respondió con el despliegue de las fuerzas armadas en la zona para frenar las invasiones.
Los traficantes de tierras, conocidos como "lotizadores", se aprovechan de la ignorancia y la necesidad de los más pobres para vender terrenos sin permiso de urbanización y que en ocasiones no son tan siquiera de su propiedad.
"El traficante nos engañó y nos vendió unos terrenos sin legalizar, cobrándonos plata para la apertura de vías y el alcantarillado", dijo Leonor Chela, vicepresidenta del Comité de La Garzota, un barrio ilegal de Quito, quien se negó a dejarse fotografiar "por miedo a represalias".
Y es que estos estafadores usan la extorsión para cobrar la deuda.
"Un grupo de gente está siempre cobrando a los habitantes bajo formas de violencia bastante altas. Si no puedes pagar, trabajas para el traficante: ayudándole en el tráfico de tierras, mejorando los servicios del barrio, e incluso vinculándote al sicariato", explicó Fernando Carrión, profesor de Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Unas 150 familias compraron a un traficante en los años 90 una parcela en la Garzota, barrio asentado en las laderas del volcán Pichincha, pensando que dispondrían de asfalto, luz y agua en poco tiempo.
Hace nueve años, el “lotizador” desapareció tras cobrar la deuda a sus moradores, dejando el barrio con graves deficiencias, que incluso causaron la muerte de una familia el pasado diciembre, cuando un alud de tierra sepultó su casa.
La Garzota sigue con las calles sin pavimentar y tanto el agua como la luz la toman del barrio colindante y legal de Cristo Rey.
En la Garzota hay desde casitas de adobe donde viven familias numerosas, hasta viviendas de dos plantas y con mejores infraestructuras; todas construidas por sus moradores sin planos ni conocimientos de urbanismo.
El fenómeno de las invasiones no es nuevo en Ecuador. Hubo dos oleadas en los 40 y los 70, marcadas por el éxodo rural, y una tercera en el 2000, fruto del encarecimiento del centro de la ciudad, que obligó a los más pobres a desplazarse a la periferia.
Consciente del problema, el ayuntamiento de Quito en 2010 regularizó 86 barrios y reubicó a decenas de familias que vivían en zonas declaradas de peligro ecológico.
