Sin embargo, la negligencia, la falta de interés y la desidia por lo que ocurre a otros, es la tónica en aquellos llamados a preservar la salud y el interés común.
Entre 1996 a 1997, la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) inició la entrega de edificios revertidos por Estados Unidos al Gobierno panameño.
Sin embargo, muchos de esos edificios entregados estuvieron cerrados varios años y mantenían sistemas obsoletos de conducción de agua con tuberías de plomo y asbesto y otros materiales, que con el paso del tiempo se habían deteriorado.
Pese a ello, ninguna autoridad ordenó un estudio o investigación sobre las condiciones de esos edificios, que serían ocupados por funcionarios de entidades trasladadas hacia la antigua Zona del Canal.
Hoy, ocho años después de la ocupación de algunos, se ha reportado por los menos la muerte de dos personas, por presunta exposición a contaminantes en sus puestos de trabajo.
Esta situación fue confirmada por María Icela Meléndez, de la Dirección Nacional de Asuntos Ambientales de la Defensoría del Pueblo, quien aseguró que solicitaron al Ministerio de Salud informes sobre las causas de muerte de dos personas que laboraban en los edificios de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en Albrook Field.
Dijo que los informes preliminares indican que ambas personas fallecieron de cáncer, que pudieron haber desarrollado por exposición a agentes cancerígenos.
Según la funcionaria, otro edificio con un alto riesgo por su posible contaminación es donde se encuentra la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC).
Salud debió hacer una evaluación del edificio antes de ocuparlo y establecer condiciones de salud aceptables para el trabajo de los funcionarios.
Alegó que el Estado debió exigir a Estados Unidos el saneamiento, así como ha pedido la descontaminación de las áreas de tiro.
A su juicio, este es un tema que incumbe directamente a las autoridades de Salud Ocupacional de la Caja de Seguro Social (CSS), que debe velar por la seguridad de los sitios en donde laboran las personas.
Añadió que en inspecciones realizadas por la Defensoría se ha detectado compañías con altos grados de contaminación por ruido, gases, combustibles y contaminantes en el aire.
"Hay empresas que además contaminan el medio ambiente con desechos químicos y olores", explicó.
Reveló que existen seis comunidades en situación crítica por contaminación en el corregimiento de Juan Díaz, donde levantan una investigación por contaminación con plomo y agentes químicos arrojados a la quebrada La Gallinaza.
Enfatizó que Las Acacias, Don Bosco, Bello Horizonte, Pedregalito, Nuevo Tocumen, Nueva Concepción y La Gallinaza están en alto riesgo.
Aquí operan empresas dedicadas a la fundición de plomo y otras actividades metalúrgicas, mientras los sistemas de aguas negras han colapsado, advirtió Meléndez.
Existen muchas empresas que no cumplen con las normas de seguridad requeridas.
Se ordenó realizar un hemograma a los residentes por posible contaminación.
También en Juan Díaz existe una investigación contra la empresa Redeprosa, en donde fallecieron cuatro personas por inhalación de amoníaco.
