Cuando Alan García liberó durante su segundo gobierno a más de mil presos por narcotráfico agravado en la mayor excarcelación de ese tipo que se conozca en el mundo, justificó su decisión apelando a la piedad cristiana para dar a los reos una segunda oportunidad y aliviar la sobrepoblación carcelaria en Perú.
Ahora, cuando busca convertirse en presidente por tercera vez en 2016, los "narcoindultos", como se conoce localmente a la reducción de condenas a favor de narcos, se han convertido en enorme escándalo: funcionarios de su segundo gobierno enfrentan juicios acusados de montar una red criminal para sacar a los presos de la cárcel a cambio de dinero.
Interrogado hace dos años en una comisión investigadora del Congreso, el candidato de 66 años insistió en que trabajó "miles de horas" en su despacho presidencial, con frecuencia entre las 10 de la noche y la una de la madrugada, para estudiar los gruesos expedientes de los narcotraficantes.
"Cada una de estas concesiones las hice pidiendo el consejo de Dios", dijo García, el líder del partido aprista peruano.
Pero los testigos presentados en un tribunal instalado dentro de una cárcel de máxima seguridad donde estaban los narcos cuentan otra historia: rápidas rebajas de penas luego de que los sentenciados pagaran miles de dólares, liberaciones decididas en un solo día y la omisión de incluir detalles importantes en el informe final como cuántos kilos le habían sido incautados a la organización criminal del narco indultado, o si este tenía antecedentes penales.
Liberaciones
En total, 1,167 condenados por narcotráfico agravado, en términos generales quienes poseían más de 10 kilos de cocaína o integraban bandas criminales, fueron liberados de un plumazo por García.
Y 14 funcionarios del segundo gobierno de García (2006 - 2011), que trabajaron en la comisión de indultos y rebajas de pena creada por el entonces mandatario, han estado declarando desde septiembre en los juicios, acusados de asociación ilícita para delinquir y corrupción por las reducciones de sentencias de narcos. Si son declarados culpables, enfrentarían entre ocho y 17 años de prisión.
"Desde 1990 he trabajado en 114 países de todas las regiones del planeta y yo no conozco ningún otro caso de tal magnitud numérica", dijo Edgardo Buscaglia, experto internacional en narcotráfico e investigador principal en derecho y economía de la Universidad de Columbia en Nueva York.
El politólogo de la universidad Northern Illinois P.S. Ruckman Jr, quien realiza un seguimiento de los indultos a nivel mundial en su blog pardonpower.com, dijo que no conoce ningún caso de esta magnitud.
"A juzgar por la información disponible, pareciera ser la cifra más alta" de indultados jamás habida, señaló.
Desde el punto de vista legal, como García ha subrayado, las disminuciones de pena están dentro de la órbita del poder presidencial.
Violó la Constitución
Un informe de una comisión investigadora del Congreso, que estudió las más de 5,000 rebajas, incluyendo las de más de 1,700 presos por robo agravado, determinó el año pasado que García creó un sistema legal paralelo que violó la Constitución.
Impulsó "la corrupción, el crimen violento, la alteración de la economía, el lavado de activos, un espectro de hechos delictivos que al partido aprista no le importó", dijo Yván Montoya, ex procurador público anticorrupción y profesor de derecho penal de la Universidad Católica de Perú.
Meses después de que García culminara su segundo mandato, la agencia antidrogas estadounidense declaró que Perú se convirtió en el primer productor mundial de cocaína al superar a Colombia.
Ni un solo gran capo del narcotráfico fue capturado o condenado durante el gobierno de García. Las incautaciones de cocaína fueron, en promedio, de 12.8 toneladas al año.
Jefe de la Comisión de Rebajas de Penas es el principal acusado
Miguel Facundo, quien fue nombrado jefe de la Comisión de Rebajas de Penas e Indultos durante el segundo mandato de Alan García, es ahora el principal acusado en el juicio por los “narcoindultos”.
Según la fiscalía, Facundo y sus subordinados buscaron en las cárceles de Perú a los reclusos que tenían dinero para pagar por una reducción de sus sentencias. La comisión que dirigía tuvo entre sus filas a dos expresos por narcotráfico y empleó a varios narcotraficantes influyentes que se encontraban en prisión.
En total, esa comisión envió a García expedientes de más de 7,000 sentenciados por varios crímenes. Más de 5,000 penas fueron conmutadas, incluyendo las de 1,781 presos por robo agravado.
Los peruanos han sido testigos del cambio de actitud de García hacia Facundo, tras ser arrestado en junio de 2013.
En una reciente entrevista, García afirmó que si algún funcionario de su gobierno “cometió algún delito, que le caiga todo el peso de la ley”.
