LOS HERMANOS Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que lideraron el poderoso cartel de Cali, ofrecieron a la justicia de los Estados Unidos delatar a personajes del mundo político, judicial y militar que estuvieron al servicio del narcotráfico y el terrorismo en Colombia.
En un artículo titulado "Que tiemblen los políticos", la revista Semana publicó ayer un documento entregado el 7 de diciembre de 2004 por el abogado de los narcotraficantes a la Corte del Distrito Sur de la Florida con la propuesta del acuerdo judicial que busca poner a sus familiares a salvo de futuros procesos por tráfico de drogas.
Gilberto fue extraditado a los Estados Unidos el mes pasado y Miguel está en el proceso de ser entregado a la justicia estadounidense. Ambos desataron el mayor escándalo político de Colombia al entregar cinco millones de dólares para financiar la campaña que llevó al poder al presidente Ernesto Samper Pizano en 1994.
En el documento el abogado de ambos narcotraficantes afirma que están "dispuestos a declararse culpables de los cargos formales y quieren voluntariamente llegar a un acuerdo, aceptando sin discutir que se les imponga una sentencia de vida".
Agrega que el acuerdo está sujeto a la entrega de William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel, quien está prófugo de la justicia, a cambio de una condena reducida no mayor de 10 años por un solo cargo de narcotráfico en Miami.
Al ofrecer información veraz sobre terrorismo, se podría conocer la realidad de algunos de los peores episodios de este tipo registrados en Colombia, como el incendio y destrucción del Palacio de Justicia en 1985, en el cual murieron más de 100 personas, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tenían a su cargo el estudio de la extradición de poderosos narcotraficantes.
Igualmente los asesinatos de Luis Carlos Galán, líder liberal y Alvaro Gómez Hurtado, caudillo conservador, ambos sacrificados en medio de la guerra terrorista desatada por los narcotraficantes entre 1983 y 1995.
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