El Gobierno destituyó ayer a tres funcionarios del hospital de Iquique, en el norte de Chile, que no informaron a 25 pacientes que padecían de SIDA, mientras la oposición estudia una acusación constitucional contra la ministra de Salud, María Soledad Barría.
La Ministra, que llegó ayer desde Kazajistán donde participó en un seminario sobre atención primaria, confirmó que ya fueron separados de sus funciones el jefe del Servicio de Medicina, una enfermera supervisora y el jefe del Banco de Sangre de ese hospital.
El deceso de Dearnny Aguilar Campusano, de 34 años, el pasado 10 de julio, quien murió sin ser notificada de que estaba contagiada de SIDA, desató una gran consternación en los habitantes de la ciudad de Iquique, que recién el pasado martes se enteraron del caso.
También ese día se supo que su esposo, Juan Sarabia, murió tres meses después, también de la misma enfermedad.
La ministra Barría dijo ayer compartir la consternación ciudadana.
"La población debe estar segura de que el tema se está enfrentando con la debida seriedad y celeridad", agregó la ministra, que anunció el viaje a Iquique de un equipo liderado por la subsecretaria del ramo, Jeanette Vega.
Robo.
A ello se sumó el robo, hace dos días, de las 25 fichas de los pacientes infectados con el VIH, desde el mismo escritorio donde una secretaria los clasificaba, datos que no están ingresados en ningún sistema informático.
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, que viajó a esa ciudad confirmó que el Gobierno presentará una querella criminal contra quienes resulten responsables del robo de las fichas.
Pérez Yoma calificó el hecho como "un delito extraordinariamente grave, porque no nos permite poder buscar y contactar a los enfermos que estaban ahí citados".
