El órgano de la ONU que vigila el cumplimiento de los convenios internacionales sobre drogas advirtió a Uruguay de que su ley para regular la producción, venta y consumo de marihuana viola los tratados internacionales de los que el país latinoamericano es parte.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) lamenta, en un comunicado emitido en Viena, la aprobación de esa ley por parte de un país que ha suscrito las convenciones internacionales sobre drogas y asegura que no se ha tenido en cuenta el impacto negativo de la legalización en la sociedad.
Raymond Yans, presidente de la Jife, expresa en la nota su “sorpresa” al conocer que “un gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del Estado de derecho internacional haya decidido conscientemente romper las disposiciones legales universalmente acordadas”.
La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 -adoptada por 186 países, incluido Uruguay- solo contempla el uso del cannabis para fines médicos y científicos. “El objetivo principal de la Convención Única de 1961 es proteger la salud y el bienestar de la humanidad. El cannabis está sometido a control por la Convención de 1961, que exige a los Estados parte limitar su uso a fines médicos y científicos, debido a su potencial para causar dependencia”, indica Yans.
El experto belga incide en que “la decisión del Legislativo uruguayo no tiene en cuenta el impacto negativo en la salud, ya que los estudios científicos confirman que el cannabis es una sustancia adictiva con graves consecuencias para la salud de las personas”.
“En particular, el uso y abuso del cannabis por parte de los jóvenes puede afectar gravemente a su desarrollo”, recalca, al tiempo que señala que la legalización tendrá “el efecto perverso de alentar la experimentación (a edad) temprana”. Según la Jife, esta sustancia “puede afectar a algunas funciones básicas del cerebro, al potencial cociente intelectual y al rendimiento académico y laboral, además de deteriorar la habilidad para conducir”.
Yans acusa a los legisladores de no tener en cuenta los datos aportados por la propia comunidad científica uruguaya y resalta que la presunción de que la legalización servirá para combatir el mercado negro de la droga y el crimen se basa “en supuestos bastante precarios y sin fundamento”.
La Junta lamenta el escaso diálogo del Gobierno uruguayo con el organismo durante el proceso de redacción de la ley y su posterior tramitación, concluida el martes con su aprobación en el Senado de Montevideo.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) dijo ayer que está de acuerdo con las conclusiones de la Jife y consideró “desafortunado” aprobar esa ley sin esperar a una sesión especial de la Asamblea General de la ONU prevista para 2016 sobre el problema de los estupefacientes.
El proyecto impulsado por el presidente de Uruguay, José Mujica, legaliza la compraventa y el cultivo de marihuana y establece la creación de un ente estatal regulador que se encargará de emitir licencias y controlar la producción y distribución de la droga.
