La oposición brasileña anunció que se propone presionar por la apelación de una medida cautelar dictada por tres jueces de la Corte Suprema que dificulta el posible inicio de un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
La cautelar, publicada ayer, niega la posibilidad de que si un pedido de apertura de un juicio con miras a la destitución de Rousseff es rechazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la oposición pueda recurrir esa decisión en el pleno de ese órgano legislativo.
Ese procedimiento había sido acordado en la Cámara baja pero, de acuerdo con tres magistrados del Supremo, contraría una ley de 1950 que establece las normas y procedimientos para iniciar un juicio con miras a la destitución de un jefe de Estado.
Según esa ley, la decisión sobre un juicio de esa naturaleza le cabe exclusivamente al presidente de la Cámara baja y debe estar fundamentada en razones de estricto orden jurídico.
El jefe de la bancada del partido Demócratas (DEM) en la Cámara de Diputados, José Mendona Filho, dijo que el bloque opositor le ha pedido a Cunha que se dirija al Supremo para exigir que sea restablecido el procedimiento y el pleno de los legisladores pueda decidir.
En opinión de los opositores, el Congreso tiene potestades para decidir sobre sus propias normas y la cautelar del Supremo puede suponer una "intromisión" del Poder Judicial en el Legislativo.
Según Mendona Filho, un asunto de tal "trascendencia" debería ser juzgado por los 11 miembros del Supremo y no solamente por los tres magistrados que respaldaron la cautelar.
El pedido de apelación dirigido a Cunha lo firmaron los partidos Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Solidaridad (SD) y Demócratas (DEM), los principales de la oposición y que se han agrupado en un llamado "Movimiento Pro-Impeachment".
Mendona Filho dijo a periodistas que, en caso de que Cunha se niegue a apelar, esos cuatro partidos se dirigirán directamente a la Corte Suprema con el mismo objetivo.
La Constitución brasileña prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en la opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff.
Cunha, aunque pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), declaró hace unos meses su posición personal de pasar a la oposición y hasta ahora ha rechazado 11 pedidos de juicio político contra Rousseff, pues carecían de los necesarios fundamentos jurídicos.
Sin embargo, aún tiene sobre su mesa otras tres solicitudes y al menos una de ellas cumpliría con esos requisitos, según sostiene la oposición.
De acuerdo con esa solicitud, Rousseff incurrió en un "delito de responsabilidad" al promover maniobras contables para maquillar los resultados fiscales de 2014, que el Tribunal de Cuentas, órgano de contraloría del Estado, ha reprobado. El asunto, aun así, se discute en la Justicia, pues abogados vinculados al Gobierno insisten en que una "falta administrativa" cometida en 2014, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar su actual gestión.
Ernesto Samper: Rousseff ‘puede y debe terminar su mandato’
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, bajo amenaza de ser sometida a un juicio con miras a su destitución, "puede y debe terminar su mandato", afirmó el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper.
"En la Unasur seguimos con interés y preocupación" el desarrollo de la crisis política y económica desatada en el país, dijo Samper en el marco de una visita oficial a Brasilia, donde fue recibido por Rousseff, a quien dijo haber notado "tranquila" y "firme".
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) manifestó su inquietud por el impacto regional que pudiera tener una destitución de Rousseff que, en su opinión, generaría una mayor turbulencia tanto en el país como en las naciones vecinas.
"Hay un impacto en toda Suramérica", pues "Brasil es un actor muy importante en toda la región" y su actual inestabilidad económica y política "tiene gran repercusión" en todos los países suramericanos, dijo Samper.
