La Asamblea Nacional (AN) venezolana aprobó una reforma legal que declara a la banca un “servicio público”, lo que la oposición calificó como un “primer paso hacia la nacionalización” del sector.
La llamada Ley de Instituciones del Sector Bancario fue aprobada por la amplia mayoría oficialista en la AN, de 167 miembros, con el voto negativo de la veintena de diputados opositores, que criticó que durante la discusión no se analizaron con profundidad más de 200 artículos y disposiciones transitorias de la norma.
“El presidente de la República en Consejo de Ministros podrá acordar la intervención, liquidación o cualquier otra medida que estime necesaria sobre las instituciones del sector bancario, así como sobre sus empresas relacionadas o vinculadas de acuerdo a los términos de la presente ley”, dice el artículo 8 de la norma.
La ley declara a la banca un “servicio público” y los bienes relacionados con el sector de “utilidad pública”, lo que el diputado opositor Juan José Molina calificó como un “primer paso hacia la nacionalización” de ese importante sector de la economía.
“Se atenta contra la libertad económica, contra la garantía constitucional del derecho que tienen los ciudadanos a la libre competencia, a la iniciativa comercial. Con esta ley se da el primer paso hacia la estatización de la banca”, declaró Molina.
El diputado calificó como “anormal” que los servicios conexos a la banca, “como las empresas de transporte de valores, las casas de bolsa, entre otras que no tienen nada que ver con el sector”, se declaren de utilidad pública.
El oficialismo defiende que la reforma legislativa garantiza legalmente la “protección a los usuarios” de la banca ante “cualquier irregularidad”, según explicó el presidente de la subcomisión de Banca de la AN, el diputado Rafic Souki.
Al declararse la banca como un servicio público, “ya los horarios de los bancos no podrán ser alterados de manera arbitraria, sino que esto será supervisado por la Superintendencia de Bancos, que ahora se denominará la Superintendencia de las Instituciones Bancarias”, argumentó el parlamentario.
Souki añadió que declarar de “utilidad pública” los bienes relacionados con la actividad bancaria “no significa que van a ser nacionalizados” esos bienes, “pero sí que en caso de cualquier situación irregular, el Estado pudiera proceder a asegurarlos para mantener los servicios funcionando”.
En principio, el proyecto legislativo planteaba declarar de “utilidad pública” a la banca, lo que fue cambiado en las discusiones parlamentarias para que, finalmente, quedara establecido en la reforma aprobada que el sector es un “servicio público”.
La nueva norma incrementa los controles sobre la banca y establece sanciones para los directivos de los bancos, así como para los funcionarios públicos que no apliquen los correctivos necesarios en caso de irregularidades, de acuerdo a la información oficial.
“Se prohíbe que los funcionarios públicos tengan acciones en la banca y se da un plazo, en una disposición transitoria de 30 días, para que cualquier funcionario público que tenga acciones en la banca las venda”, explicó el diputado Souki.
En el último año, el presidente Chávez ha alertado en repetidas ocasiones su disposición a nacionalizar cualquier banco privado que viole la ley.
