Opositores venezolanos denunciaron que en Venezuela se pretende “criminalizar la protesta social” al rechazar el anuncio de la Fiscalía General de que se procesará a todos aquellos que “por cualquier motivo marchan” para supuestamente “desestabilizar el Gobierno”.
La fiscal General, Luisa Ortega, señaló que algunas personas buscan “cualquier motivo para marchar y crear caos”, y que esas “conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil”, para el que la ley local establece penas de 12 a 24 años de cárcel.
