La oposición venezolana anunció acciones ante el Parlamento, el Tribunal Supremo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en demanda de la derogación y nulidad de una resolución que contempla la aplicación de una asignatura de educación militar.
“Vamos a solicitar la derogación de esta resolución del Ministerio de la Defensa en la Asamblea Nacional (AN) (...), acudiremos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la nulidad de esta resolución”, dijo a los periodistas la legisladora opositora María Corina Machado.
La resolución, publicada en la gaceta oficial el pasado 24 de marzo, indica que el viceministro de Educación para la Defensa “como ente rector de la Modalidad Educativa Militar” coordinará con los Ministerios de Educación Básica y Universitaria para incluir en los esquemas de estudio la materia “Educación para la defensa integral del país”.
Según el texto de la resolución, el programa educativo será implementado por la “Milicia Bolivariana”, figura creada en 2005 por decreto presidencial, definida como “pueblo en armas” e integrada por miembros de instituciones públicas, universidades o empresas gubernamentales.
“Vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer la denuncia por la grave violación de los tratados internacionales (...) al promover la guerra en los jóvenes menores de 18 años”, señaló la diputada y aseguró que también se quejarían ante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef.
Pese a la redacción del documento, el ministro de Defensa, Carlos Mata, aseguró días atrás que las afirmaciones de que el Gobierno quiere introducir la educación militar en las escuelas son un “invento” y que “la educación premilitar ha existido aquí toda la vida”.
Machado dijo que los parlamentarios opositores solicitarán la interpelación de los ministros de Defensa, de Educación y de Educación Universitaria en la AN.
El pasado 23 de marzo fue publicada en gaceta oficial una enmienda a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la cuarta reforma en cinco años que Chávez ha aplicado al documento.
