Miles de personas reclaman ante los juzgados de las principales ciudades de Taiwan un nuevo recuento de votos después de que el candidato opositor, Lien Chan, presentara ante el Tribunal Supremo un recurso para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales.
La decisión de solicitar la anulación de los resultados obedece a la ajustada victoria del oficialista Chen Shui-bian, del Partido Demócrata Progresista (PDP), que fue reelegido con un margen de sólo 29,518 votos frente a Lien, candidato por el nacionalista Kuomintang.
Lien, que pidió calma y moderación a sus seguidores, dijo no acatar los resultados dado que durante el proceso electoral se habían producido injusticias.
Se refería así al atentado contra el presidente Chen y la vicepresidenta, Annette Lu, en el que resultaron heridos leves la víspera de los comicios, cuando protagonizaban un acto de campaña en la sureña ciudad de Tainan, un hecho que pudo influir en el voto de los electores.
Ahora el Alto Tribunal de Taiwan tiene seis meses para decidir si aprueba o no la solicitud de la oposición política, que para que prospere debe presentar pruebas ante el Supremo de las denuncias realizadas al término de la jornada electoral.
La oposición, que hasta el pasado jueves lideraba los sondeos de intención de voto, alega que no hubo transparencia a la hora de informar sobre las circunstancias del atentado y que el Gobierno impidió votar a 200,000 soldados que se iban a decantar en las urnas por el Kuomintang y que debieron hacer frente a las medidas de seguridad extraordinarias puestas en marcha por el Ejecutivo.
Además, la oposición cree que el elevado número de votos nulos, más de 337,000, según la Comisión Central Electoral, les ha perjudicado.
La vicepresidenta Lu pidió moderación a la oposición y sugirió que debían acatar los resultados. "Si yo me encontrara en su situación respetaría el resultado de las urnas", manifestó.
Pero el presidente Chen, el vencedor de los comicios y que se dirigió posteriormente a los taiwaneses, no hizo mención a la solicitud de impugnación presentada por la oposición.
Chen se limitó a decir a China que mire "positivamente" los resultados salidos de las urnas taiwanesas y que se anime a restablecer el diálogo con Taipei.
Las autoridades de Pekín, que observan de cerca la evolución de los acontecimientos políticos de Taiwán, consideran a la isla una "provincia rebelde" y se niegan a reconocer la soberanía de este territorio, que desde 1949 actúa como un Estado independiente de hecho, aunque no de derecho.
La disputa entre China y Taiwan surgió cuando el Gobierno nacionalista se refugió en la isla en su huida del Ejército Rojo de Mao Zedong, y estableció allí el que consideró el Gobierno legítimo de toda China.
Pero la constitución de la República Popular de China bajo Mao y la sucesiva presión internacional hacia Taiwan no han permitido por ahora que los organismos internacionales reconozcan a la isla como un Estado soberano.
El Gobierno de Taiwan no logró convencer a los isleños para que votarán ayer en masa en un referendo, en el que debían defender la compra de armas para defenderse de la amenaza china y aprobar negociaciones paritarias con Pekín.
El doble referendo convocado por el presidente Chen Shui-bian, no logró el apoyo popular suficiente, según anunció la Comisión Central Electoral al término del recuento de votos.
Un total de 6.5 millones de taiwaneses votaron a favor de la primera pregunta del plebiscito, en la que el Gobierno preguntó si los taiwaneses están de acuerdo en adquirir más armas para defenderse de los misiles chinos.
En una segunda consulta, otros 6.3 millones de isleños negaron su aprobación al inicio de negociaciones, bajo el principio de igualdad, con Pekín.
Sin embargo, en ninguna de estas consultas se llegó al mínimo del 50% del electorado, una condición imprescindible para validar el resultado.
Esta reacción pudo responder al llamamiento a la abstención de la oposición que censuró desde el principio la convocatoria por considerarla ilegal, ya que, según la Ley de Referendo sólo se podría plantear una consulta de este tipo en caso de que la seguridad de la isla fuera amenazada
