El presidente afgano, Hamid Karzai, emitió ayer un decreto para disolver, en un plazo de cuatro meses, las compañías de seguridad privadas que operan en Afganistán.
Karzai invocó la necesidad de "mejorar la seguridad, proteger las vidas del pueblo, evitar desórdenes de seguridad y el mal uso de uniformes militares que han causado algunos sucesos mortales" para justificar su decisión.
"Tras una profunda reflexión sobre el asunto, ordenó la disolución de las compañías de seguridad extranjeras y locales en cuatro meses", dijo el presidente en el decreto.
Karzai aclaró que los miembros afganos de estas firmas podrán alistarse en la Policía, con o sin sus armas, una gestión de la que se encargará el Ministerio de Interior.
"Si las compañías no quieren vender sus armas, pueden llevarlas a sus países, pero los visados de su personal (extranjero) serán cancelados", amplió el Presidente.
Las firmas que no estén registradas por el Gobierno serán consideradas ilegales y las autoridades decomisarán sus instalaciones y sus armas.
El presidente matizó que las embajadas y las ONG podrán seguir teniendo guardas de seguridad, siempre y cuando no abandonen sus edificios.
Ayer un portavoz del Palacio Presidencial afgano ya avanzó a EFE que el Gobierno había dado un plazo de cuatro meses a estas compañías para que se disuelvan, aunque Karzai emitió ayer finalmente el decreto e hizo públicos sus detalles.
La orden exceptúa a las firmas de seguridad privadas que trabajan dentro de los complejos utilizados por grupos internacionales, incluso embajadas, negocios y organizaciones no gubernamentales.
“Deberán permanecer dentro del complejo de la organización y tendrán que estar registrados en el ministerio del interior”, establece el decreto.
Toda seguridad fuera de esos complejos será suministrada por las fuerzas de seguridad afganas, al igual que toda seguridad para los convoyes de suministro para las fuerzas internacionales, agrega.
El gobierno de EE.UU. dijo que comparte con Afganistán el objetivo de prescindir de estas empresas, pero consideró que aún no ha llegado el momento y se mostró a favor de una retirada gradual, ya que el plazo de cuatro meses supone un "desafío".
