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- 55% del presupuesto de la CIDH es proporcionado por los Estados, por medio de la OEA.
- 45% de los fondos de su financiamiento proviene de fuentes externas.
- 1 de agosto debe entrar en vigor la reforma del reglamento de la CIDH.
Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela presentaron una resolución alternativa para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego que el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, declaró en un agresivo discurso que el sistema está en crisis, dominado por la presión de los medios de comunicación y enfocado en favorecer a la relatoría de la libertad de expresión.
Patiño dijo que el plan alternativo propone prolongar el debate de la reforma de CIDH y continuar hablando sobre el tema en la asamblea general ordinaria de la Organización de los Estados Americanos que se realizará en Guatemala, en junio.
El lenguaje de la resolución que debaten ha dividido a países de la OEA.
“No compartiremos una resolución de esta naturaleza, que no dice absolutamente nada”, afirmó el canciller Patiño.
La resolución de 7 puntos promueve, entre otras cosas, que sean los Estados miembros de la OEA los que financien a la CIDH y las relatorías. Hasta que eso ocurra, se permite que Estados observadores y otras instituciones fuera de la OEA sigan financiando los organismos “preferentemente sin fines específicos”.
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua critican que la CIDH se financie con fondos externos y acusan a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de contar con demasiados privilegios en relación a otras. Otros países, además de grupos sin ánimo de lucro y organizaciones de derechos humanos, consideran estas críticas como intentos de debilitar a la relatoría y a la CIDH, ahogándolas financieramente.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, defendió la autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También admitió que muchas de las reformas que se proponen significarían un alto costo que “la organización no está en condiciones de asumir con sus actuales recursos”.
“Este es un tema que no podrá ser concluido en esta asamblea, pero creo que hay un consenso valioso en cuanto a la necesidad de que, en un tiempo a determinar, sean los Estados miembros de la OEA los que financien la totalidad o al menos los aspectos esenciales del sistema”, dijo Insulza. La CIDH emite medidas cautelares para prevenir daños irreparables a personas en situaciones de gravedad y urgencia.
Ecuador ha acusado a la OEA de atravesar una crisis de legitimidad. El fallecido mandatario venezolano, Hugo Chávez, fustigó repetidamente a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que eran contrarios a su país.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, habló recientemente a favor de mudar la sede de la CIDH de Washington a Argentina, promover el financiamiento del organismo por parte de los Estados y que sus integrantes sean ciudadanos de países que se han adherido a ese instrumento.
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión cuenta con la dirección de la relatora Catalina Botero y depende en gran medida de fondos externos. La resolución que se debate propone considerar a todas las relatorías como especiales, igualando así sus presupuestos “sobre la base de un financiamiento adecuado”. Insulza dijo que el necesario fortalecimiento de unas relatorías no puede significar el debilitamiento de otras.
