Aunque no somos uno de los mayores emisores de dióxido de carbono (CO2) a nivel mundial, Panamá está encaminado a minimizar la producción de este gas, que contribuye en un 54% al calentamiento de la tierra.
Esta es una tarea que al pasar de los años resulta más difícil, debido al auge inmobiliario, la tala descontrolada de bosques y la creación de proyectos termoeléctricos que se traducen en mayores emisiones de este gas.
Según el primer y hasta la fecha único Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 1994, el total de emisiones de CO2 en Panamá alcanzó 15, 188.56 millones de toneladas (Gg).
Este mismo informe detalla que el Cambio de Uso de Tierra y Silvicultura (CUTS) resultó ser la mayor fuente de emisiones para ese año, seguido del sector energético y en un tercer lugar los Procesos Industriales.
De no tomarse a tiempo la responsabilidad de las actividades que están contaminando el ambiente dentro del país, las afectaciones en Panamá y en el mundo serán devastadoras.
Los científicos pronostican que Panamá será vulnerable al cambio climático especialmente por el aumento del nivel del mar, estimado en unos 44 centímetros para el 2080.
También esperan cambios en los regímenes de lluvia con consecuencias indirectas en la agricultura, industria, energía, entre otros.
De igual forma, los expertos prevén el resurgimiento de enfermedades como la malaria y leishmaniasis, además de la pérdida de la biodiversidad nacional.
La Jefa de la Unidad de Cambio Climático y Desertificación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Darysbeth Martínez, explica que actualmente la entidad trabaja en el segundo inventario, para el cual ha tomado como base los resultados del estudio del 2005.
Este informe ambiental se actualizará con el principal objetivo de evaluar la evolución anual de las emisiones de GEI.
La elaboración de los inventarios depende de la disponibilidad del financiamiento económico, suministrado en este caso por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente.
Iniciativas.
La Estrategia Nacional Ambiental incluye de forma transversal el tema de cambio climático para trabajar la reducción de las emisiones en el sector forestal.
Mientras que en la Asamblea Nacional reposa en primer debate el proyecto ley de pagos por servicios ambientales, que promueve lo que son las energías limpias para bajar las emisiones del sector energético.
Dentro de esta ley, la ANAM solicita que el 30% del dinero que recibe el sector energético, sea invertido en negocios ambientales y comunitarios dentro de las áreas donde están ubicados, creando así el Fondo de Inversión Socio Ambiental Comunitario (FSCA).
De aprobarse esta ley las térmicas tendrían que pagar por cada mega watts generado de energía, para alimentar el FSCA.
