La Justicia británica asestó un duro golpe al Gobierno de la conservadora Theresa May, al dictaminar que este "no tiene potestad" constitucional para ejecutar el brexit, sin obtener previa autorización del Parlamento.
El Tribunal Superior de Londres falló a favor de un grupo de ciudadanos, encabezado por la empresaria Gina Miller, que cuestionó que el Ejecutivo pueda activar unilateralmente, sin mediar votación parlamentaria, el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que daría inicio al periodo de dos años de negociaciones para salir de la Unión Europea (UE).
Al pronunciar su dictamen, que niega que el Gobierno pueda recurrir a la llamada "prerrogativa real" para impulsar sus planes, el jefe de los jueces, John Thomas, aclaró que la decisión "es una pura cuestión legal".
