El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, llevó el caso de su destitución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que disponga que el Estado colombiano no ejecute tal fallo hasta que el sistema interamericano se pronuncie, informó Carlos Rodríguez, uno de los abogados del burgomaestre.
La destitución de Petro por decisión del procurador general aún debe ser ratificada para que el alcalde salga del cargo y lo que podría demorar varias semanas.
El caso ha sacudido la vida política del país, no solo por tratarse del segundo funcionario de elección popular más importante de Colombia, después del presidente de la República, sino también porque abrió un debate sobre los enormes poderes del procurador general y quien ha destituido y sancionado a decenas de funcionarios, desde alcaldes hasta gobernadores, ministros y congresistas.
Rodríguez dijo que la solicitud fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, el pasado 9 de diciembre horas después de que el procurador Alejandro Ordóñez anunció la destitución del alcalde y la prohibición de ejercer cargos públicos por 15 años.
Ordóñez adujo que Petro, exsenador y exguerrillero, violó normas al cambiar en diciembre pasado el sistema de recolección de basura de Bogotá.
