Una fiscal de Lima pidió una sentencia de cinco años de cárcel para Keiko Fujimori, hija mayor del ex presidente Alberto Fujimori, informó ayer una fuente judicial.
La fiscal Martha Salinas pidió condenar a la hija de Fujimori por "usurpación de funciones", en el marco de la investigación por el desvío de una donación de ropa, hecha por Estados Unidos a familias pobres de Perú, que luego fue vendida en comercios de Lima.
Las prendas de vestir, que tenían un valor de 318,000 dólares, habían sido donadas a Perú por una organización no gubernamental de Estados Unidos para atender a la población del sur del país, que en 1996 sufría los estragos del fenómeno de El Niño.
La fiscal Salinas consideró que hay suficientes indicios de la responsabilidad de la hija de Fujimori en el desvío de la ropa y pidió que pague una reparación civil de 5,000 soles (1,500 dólares).
El ex presidente Alberto Fujimori, refugiado en Japón, rechazó el pedido de la fiscal. "Rechazo enérgicamente este atropello y denuncio al mundo este regalo siniestro, que a pocos días de su matrimonio el gobierno de Alejandro Toledo y su Poder Judicial sometido, le están haciendo a Keiko por el solo hecho de ser mi hija", manifestó en un correo electrónico.
Mientras el legislador Wigberto Quintero, presidente de la Comisión de Gobierno, expresó que durante el fin de semana continuarán con las consultas a los grupos interesados, a fin de ver si es posible que el próximo lunes se puedan presentar ante el pleno.
El partido MOLIRENA también tuvo la oportunidad de expresar su posición, a través de Jorge Rubén Rosas, quien calificó la propuesta como "unipartidaria" y pidió que el tema sea discutido con mayor "detenimiento y cordura".
Rosas manifestó que en las reformas se han planteado algunos aspectos positivos como la autonomía del Tribunal Electoral, la eliminación de un vicepresidente, al igual que de un suplente de legislador, la libre postulación y el establecimiento de la Asamblea Constituyente.
Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la eliminación del concepto de representación proporcional en la Asamblea y recomendó buscar una forma más equitativa para la asignación de las curules, ya que la que está vigente favorece a los partidos mayoritarios.
Durante la reunión de ayer también expusieron ante la Comisión de Gobierno, Fernando Manfredo, Jorge Illueca y Humberto Ricord, quienes en su mayoría centraron su posición en la necesidad de lograr un cambio constitucional que permita el funcionamiento de un Estado moderno.
También se otorgó participación a la representante de la Comisión de Justicia y Paz, Magaly Castillo, al dirigente de los servidores públicos, Leandro Avila; el dirigente sindical Mariano Mena, entre otros representantes de la sociedad civil.
