El Partido Socialdemócrata de México (PSD) propuso hoy cambiar las leyes en la capital del país para evitar que los familiares de los secuestrados paguen un rescate por su liberación y forzarles a denunciar estos casos ante las autoridades.
Las personas que oculten el secuestro se considerarían cómplices del delito y podrían ser condenadas a penas de prisión de entre uno y cinco años, informó hoy el PSD en una rueda de prensa al explicar su propuesta.
El objetivo de esta medida que se plantea en el Distrito Federal sería "poner el bien colectivo (eliminar el incentivo financiero de los secuestros) por encima del individual (ver a un familiar liberado)", señaló el diputado del PSD en la Asamblea Legislativa de la capital mexicana, Jorge Carlos Díaz Cuervo.
Además de criminalizar a quienes guarden silencio, la reforma facultaría a los jueces a congelar los bienes del secuestrado y de sus familiares, para evitar que éstos paguen por la liberación del retenido, y convertiría en ilegales las pólizas de seguro contra este ilícito en Ciudad de México.
El propósito es evitar que secuestrar siga siendo un negocio rentable, al no tener las familias la posibilidad de pagar rescate, explicó el diputado local.
"El negocio del secuestro es muy lucrativo porque funciona", aseguró Díaz Cuervo, quien criticó que el sistema financiero mexicano permita al rehén y a sus familiares disponer rápidamente de efectivo para pagar por su liberación.
Si esta iniciativa tuviera éxito, daría lugar a la Ley contra el Secuestro del Distrito Federal, que incluiría además otras innovaciones como permitir que los teléfonos de los familiares se intervengan con rapidez, duplicar los años de cárcel a los cómplices y ofrecer la reducción de penas como incentivo para denunciar un rapto.
"Nos queda clarísimo que el problema de la inseguridad pública en nuestro país ha alcanzado límites extremos", indicó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PSD, Alberto Begné, quien manifestó su esperanza en que su iniciativa en la capital mexicana tenga eco en el resto del país.
En las últimas dos semanas, la sociedad y la clase política mexicana han alzado la voz de alarma sobre el problema del secuestro después de que Fernando Martí, el hijo adolescente del propietario de una cadena de tiendas deportivas, apareciese muerto tras permanecer más de un mes secuestrado.
A raíz de ese homicidio, la comunidad empresarial ha manifestado su preocupación por el clima de inseguridad que vive el país y el presidente mexicano, Felipe Calderón, ha propuesto al Congreso reinstaurar la cadena perpetua para los secuestradores.
En 2007 se produjeron en el país 438 secuestros, un 30 por ciento más que en 2006.
Asimismo, el ocho por ciento de los secuestros de los últimos quince años terminaron con el asesinato del rehén.
El problema es especialmente grave en el Distrito Federal, donde la cifra de raptos va en aumento.
En el primer semestre de 2008 se registraron en la capital mexicana 44 asesinatos de secuestrados, frente a los 25 de ese mismo período de 2007.
