A un hijo lo encontró perforado a balazos en una calle; otro fue asesinado a pocos metros de ella, menos de un año después. Víctima de una guerra de paramilitares que bañó en sangre las comunas de Medellín, doña Luisa no perdona y mucho menos quiere olvidar.
"Yo quiero justicia: que paguen, no que los premien", dice a la AFP doña Luisa con la voz entrecortada, en rechazo el programa de reinserción a la vida civil al que se sometió el martes ese grupo de combatientes de las ultraderechistas Bloque Cacique Nutibara (BCN).
La casa de doña Luisa (es nombre ficticio, para protegerla) cuelga de una colina en San Pablo, un barrio de la populosa comuna nororiental de Medellín, a 400 km de Bogotá, donde en los últimos años los paramilitares libraron cruentas luchas por el control territorial, primero contra las milicias guerrilleras y luego entre ellos mismos.
A su lado su hermana, dos años mayor, tampoco es ajena al dolor, a la angustia y a la ira. Declarada objetivo militar, esta dirigente lleva siempre una carta doblada en cuatro partes en la que los paramilitares la declaran "persona non grata".
"Siempre la llevo en mi bolso, por si me pasa algo para que sepan quién fue", asegura con frialdad. "Esto es una bomba de tiempo. Ellos juraron no volver a coger un arma, pero yo no me lo creo. Eso no va a durar mucho tiempo y esto se va a volver a dañar", piensa Gladys.
Antes de despedirse, doña Luisa hace una advertencia que en este lugar no está de más: "No quiero que se escriba mi nombre verdadero o dentro de poquito me tienen que ir a recoger del suelo".
Los paramilitares que se desmovilizaron el martes en Colombia y que eventualmente estén sindicados de crímenes atroces o narcotráfico, no serán cobijados por una ley que suspende temporalmente los procesos judiciales y deberán ir a prisión, dijo ayer la Fiscalía.
"Los que eventualmente tengan órdenes de captura y no correspondan a un delito de lesa humanidad quedarían cobijados con el mecanismo; los otros deberían ser privados de la libertad", explicó el fiscal general, Luis Camilo Osorio.
El funcionario señaló que la Fiscalía verificará los antecedentes judiciales de los 855 miembros del BCN que entregaron sus armas el martes. "Se averiguarán los antecedentes y si no los hay, se suscribirá un compromiso de no incurrir en delitos dentro de los siguientes dos años, y desde luego se supone que durante toda la vida", indicó.
