EFE. Las penurias económicas y la violencia en sus países de origen han aumentado las cifras de inmigrantes latinoamericanos hacia Europa, particularmente en España, según un estudio publicado ayer por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
El estudio, titulado "Migración de América Latina a Europa: Tendencias y Desafíos", señala que en los tres últimos años, el endurecimiento del régimen de visas para Estados Unidos, ha contribuido también a ese incremento en la inmigración latinoamericana a destinos europeos.
La televisora privada Venevisión negó ayer que tenga algún vínculo con el caso de los colombianos detenidos el mes pasado en Caracas, que han sido señalados de integrar un grupo de supuestos paramilitares.
Ni Venevisión ni ninguna empresa de la organización Cisneros, ni los señores Cisneros... tenemos absolutamente nada que ver con el caso"", dijo el presidente del canal, Víctor Ferreres, a la salida de un tribunal militar donde rindió declaración.
Ferreres denunció que el Ejecutivo Nacional ha pretendido involucrarnos"" en el caso de los colombianos arrestados, pero sostuvo que esa no es la posición de las autoridades militares.
ACAN-EFE. Una enardecida turba de campesinos decapitó a un presunto hechicero en una lejana población guatemalteca del departamento norteño de Alta Verapaz, informó ayer, la Policía.
La víctima fue identificada por el jefe policial como Santos Tuc, quien fue capturado por la enardecida turba de campesinos, que en "venganza por hechicerías" lo decapitó y luego lanzaron el cuerpo al río Polochic, que pasa por la región.
AFP. La familia del ex militar Obdulio Villanueva, acusado por el brutal asesinato del obispo Juan Gerardi en mayo de 1998, demandó al Estado guatemalteco por la muerte del oficial cuando guardaba prisión, informó ayer una fuente legal.
"Villanueva era inocente, la condena fue política y murió por estar en prisión" durante un motín en la cárcel donde se encontraba recluido, dijo a la prensa Moisés Gañindo, abogado de la familia del ex militar.
La demanda fue interpuesta en un juzgado civil y tiene como objetivo principal exigir un resarcimiento económico al Estado por la muerte de Villanueva, ocurrida el 12 de febrero de 2003 cuando cientos de prisioneros del Centro Preventivo, se amotinaron.
