Los presidentes de los tres poderes del Estado salvadoreño definirán próximamente nuevas medidas de seguridad que se aplicarán para reducir los índices de homicidios este año, que ya duplican los registrados en el mismo periodo de 2015, informó el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas.
El presidente Salvador Sánchez Cerén convocó a una reunión a los presidentes del Congreso, Lorena Peña; del Supremo, Óscar Pineda, y al fiscal general, Douglas Meléndez, para evaluar medidas como la implementación de un estado de sitio.
Esto en respuesta a una masacre perpetrada el pasado 3 de marzo en una zona rural de la localidad de San Juan Opico (noreste), donde fueron asesinados 8 trabajadores del sector eléctrico y 3 jornaleros de la zona por pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13), por orden de sus líderes desde dos cárceles.
"La agenda está abierta, cada uno de los poderes del Estado, a partir de la reunión del lunes, afina sus propuestas, y esto estará resuelto en los próximos días, algunas medidas en las próximas horas", explicó Chicas en conferencia de prensa, sin facilitar fechas.
Se están evaluando "los alcances y la modalidad que pudieran tener medidas excepcionales como la suspensión de garantías (constitucionales) o la declaración de una emergencia nacional" por la violencia, indicó.
Acotó que estas deben ser analizadas "a conciencia" por las "implicaciones políticas, económicas y sociales" que tienen.
Agregó que se analizan "otros temas", como el fortalecimiento de los cuerpos de Seguridad y la "disponibilidad de más tribunales" por la mayor carga que estas medidas podrían generar en el sistema de justicia.
"Lo que se discute en este momento es cómo adicionar medidas extraordinarias que den más efectividad a las políticas de seguridad pública" basadas en el plan El Salvador Seguro, explicó el funcionario.
La presidenta del Congreso, Lorena Peña, dijo durante una entrevista en una radio local que la implementación de un estado de sitio por la escalada de violencia que vive el país "está justificada" y que este puede generar las "condiciones" para el desarrollo de los planes de seguridad.
No obstante, advirtió que esta medida también conlleva la suspensión de garantías constitucionales, como la de libre reunión y movilización.
"La gente pide un estado de sitio, yo estoy de acuerdo, pero la ciudadanía debe ser consciente de las implicaciones", expuso.
El recrudecimiento de la violencia que vive El Salvador se ha cobrado la vida 1,537 hasta el 6 de marzo, un 113.6% más que en el mismo lapso de 2015, cuando fueron 720 muertes violentas.
Presidente de la CSJ salvadoreña contradice medidas del Gobierno
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, Óscar Pineda, dijo que cuando el mandatario Salvador Sánchez Cerén habló de la opción de decretar "estado de excepción" para combatir las pandillas, no se refería a dicho régimen como tal, sino a "medidas excepcionales".
Según explicó Pineda en conferencia de prensa, cuando el presidente mencionó el "estado de excepción", hablaba de "medidas extraordinarias", como "reformar leyes y competencias judiciales", no de implementarlo "tal y como lo establece la Constitución".
Las declaraciones del presidente del Supremo contradicen las brindadas por la presidenta del Congreso salvadoreño, Lorena Peña, y el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, quienes dijeron que la posibilidad de un estado de sitio se "está estudiando" y que es "justificado".
Peña apuntó que decretar "el régimen de excepción no resuelve nada", pero propicia las "condiciones para que el Gobierno lleve a cabo sus planes de seguridad".
Otros datos
10 policías y 2 soldados han perdido la vida este año, la mayoría estaban de licencia.
2015 las pandillas acabaron con 52 policías, 17 militares, 6 guardias de centros penales y un fiscal.
