Incidente
- La detención de una jueza sospechosa de liberar narcotraficantes ha encendido las alarmas en el poder judicial de Costa Rica, que buscará determinar el alcance de la penetración del crimen organizado antes de que sea demasiado tarde.
- La Corte Suprema de Justicia reaccionó esta semana casi de inmediato tras conocer el caso de la jueza, y creó una comisión de alto nivel que se encargará de investigar y elaborar un informe sobre las zonas del país más vulnerables al narcotráfico.
- El grupo investigador está integrado por la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, su vicepresidente, José Manuel Arroyo; el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas; el de la Sala Segunda, Orlando Aguirre, y el de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla.
- Además, participan el presidente de la Sala Constitucional, Gilbert Armijo; el fiscal general, Jorge Chavarría.
Las presiones que ejercen grupos de poder político, económico y el crimen organizado limitan la independencia judicial y fortalecen la impunidad en Centroamérica, dijeron jueces de la región y España.
Es “innegable” que la justicia centroamericana ha mejorado a través del tiempo, pero el problema es la “interferencia” de los grupos de poder, sobre todo en los casos fuertes, indicó el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, quien en 2013 ordenó el juicio contra el exgeneral golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt.
El caso de Ríos Montt es un claro ejemplo de cómo la presión política y militar terminó momentáneamente favoreciendo al exmandatario guatemalteco.
Ríos Montt fue condenado en 2013 a 80 años de prisión por el genocidio de 1,771 indígenas de la etnia ixil, pero la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial de Guatemala, anuló esa sentencia alegando fallos procesales, por lo que nuevamente será enjuiciado en enero de 2015.
Las presiones de los grupos de poder inciden en este tipo de procesos relacionados con el conflicto armado (1960-1996), el crimen organizado y estructuras trasnacionales, añadió Gálvez.
Según el director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica, con sede en Guatemala, Ramón Cadena, los procesos democráticos que han habido en la región desde finales del siglo XX y principios del XXI han repercutido favorablemente en los organismos judiciales.
Pero esos organismos siguen teniendo una debilidad estructural, que los mismos Estados siguen sin querer “combatir”, afirmó.
Cadena lamentó que los partidos políticos centroamericanos aún no deciden dejar que se desarrolle el poder judicial en forma independiente, ya que lo único que quieren es incidir para garantizarse impunidad en el futuro.
Esto sigue siendo un problema en la región centroamericana, por lo que, pese a los avances en el sistema judicial, la “impunidad sigue latente”, reconoció.
Y aunque hay esfuerzos muy grandes de la sociedad civil centroamericana para luchar en contra de la impunidad, también hay una represión muy fuerte, expresó Cadena.
Además, los jueces, si bien han avanzado en su trabajo, también sufren represión muy fuerte de parte de entidades estatales y paraestatales a la hora de aplicar la justicia, señaló.
La impunidad en la región no solo es evidente en los casos de cierta relevancia política, sino también en los de la vida diaria, como las muertes violentas, que son “preocupantes”, dijo el comisionado de la CIJ, el español José Antonio Martín Pallín.
Al menos Guatemala ya tocó ese punto de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante su conflicto armado, precisó el presidente del Foro de Jueces Democráticos e Independientes de El Salvador, Leonardo Ramírez.
Por el contrario, en El Salvador ni siquiera a eso se ha llegado, pues todos los crímenes del conflicto armado (1980-1992) siguen en la impunidad, agregó.
La guerra civil en El Salvador dejó 75,000 muertos, 8,000 desaparecidos y 12,000 lisiados.
