Costa Rica, un país reconocido por su reputación en materia derechos humanos en Latinoamérica, se ha convertido en escenario de controversia ante la posibilidad de que los derechos civiles de los homosexuales sean sometidos a un referéndum descalificado por organizaciones progresistas del país.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) decidirá en los próximos días la convocatoria a un referendo sobre la legalidad de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, en un caso inédito en la región.
Está en juego el reconocimiento de derechos como herencia, pensión, seguro social y acceso común al crédito y el estatus legal de las uniones de hecho de parejas homosexuales, en momentos en que se discute un proyecto de ley en el Congreso que pretende dar estatus legal a las uniones de hecho entre homosexuales.
El referendo es impulsado por el Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia, un grupo apoyado por la Iglesia católica y denominaciones evangélicas que se oponen al proyecto de ley.
El tema ha desatado las más ácidas críticas en uno de los pocos Estados confesionales en el mundo y donde cerca del 70% de la población dice ser católico, aunque apenas la mitad reconoce ser practicante.
La discusión de los derechos de las parejas homosexuales ha puesto en entredicho, para un sector de la población, la imagen de Costa Rica como ejemplo de paz, respeto y tolerancia.
