La Policía argentina quedó ayer en el ojo de la tormenta luego que un comisario y un agente fueron detenidos bajo sospechas de estar involucrados en la muerte de uno de los dos desempleados que fallecieron durante un enfrentamiento con esa fuerza.
La jueza de garantías, Marisa Salvo, que investiga los trágicos sucesos del miércoles pasado, dispuso que el comisario inspector, Alfredo Franchiotti y el agente de policía, Carlos Jesús Quevedo permanezcan detenidos, dijeron fuentes judiciales.
La magistrada hizo lugar así a un pedido del fiscal de Lomas de Zamora, Juan José González, quien había solicitado el arresto de los policías luego de observar testimonios fotográficos que comprometen el accionar de las fuerzas de seguridad.
"La familia argentina está de luto y aparentemente los que deben dar seguridad son los que han llevado a esta atroz cacería", expresó el presidente Eduardo Duhalde refiriéndose a los trágicos hechos. La detención de los policías implica un rotundo giro en el enfoque que tenía hasta ahora la investigación.
Franchiotti había deslindado la responsabilidad policial en la muerte de los dos desempleados que junto a otro nutrido grupo de piqueteros habían intentado bloquear un puente de acceso a esta capital para reclamar alimentos, trabajo y ayuda social.
El gobierno y también la policía habían sugerido que infiltrados habrían provocado los desmanes del miércoles. La detención de los policías fue ordenada tras una multitudinaria y pacífica marcha a la Plaza de Mayo para repudiar la violencia y represión que terminó con las vidas de los dos desempleados.
En tanto, el escándalo por la actuación de la policía de Buenos Aires asiduamente acusada de violaciones a los derechos humanos y excesivo uso de la fuerza llevó ayer a la renuncia de su titular, el comisario general, Ricardo Degastaldi, y del subjefe, comisario general Edgardo Beltracci, indicó la prensa local.
Las autoridades nacionales denunciaron un plan organizado para desestabilizar al gobierno y consideraron que con el arresto de los dos policías se demuestra que no hay impunidad en Argentina.
Por otro lado, un nuevo frente de tormenta se abrió para el gobierno argentino, ante esta, lo que desató una ola de repudio contra el debilitado presidente, Eduardo Duhalde.
El aumento del malestar social llega en un mal momento para el mandatario, que no logra reactivar una economía en la peor crisis de su historia ni conseguir ayuda externa para paliar los niveles récord de pobreza y desempleo en el país.
El acaudalado empresario minero, de 71 años, quien en 1993 obtuvo 36% de los votos populares y fue ratificado por el parlamento como vencedor de la elección, suele autodescribirse como "el único político que llegó rico a la presidencia y no necesitó robar".
Radicado desde su niñez en Estados Unidos, como hijo de un diplomático, y formado Filosofo en la Universidad de Chicago, Sánchez de Lozada fue ministro de Planeamiento y se ufana de haber derrotado en 1985 una hiperinflación anual de 25,000 por ciento con un célebre tratamiento de choque que dio paso a la aplicación del modelo neoliberal en la economía del país.
Como presidente, entre 1993 y 1997 llevó a cabo un novedoso pero también criticado proceso de capitalización de las principales empresas estatales en los sectores petrolero, de telecomunicaciones, aeronáutico y ferroviario. Sus detractores lo acusan de "vendepatria".
Los sondeos pre electorales ubican en tercer lugar al también ex presidente Jaime Paz Zamora, un socialdemócrata de 63 años que encarna el extraño caso de un político que nunca pasó de un tercer lugar en las elecciones presidenciales en que participó, pero que gobernó el país entre 1989 y 1993. Marca un 16% en las encuestas.
Fue, precisamente, gracias al vigente sistema de alianzas políticas, incorporado en 1984 a la legislación electoral, el que le permitió llegar a la presidencia con el apoyo de un ex dictador a quien combatió desde la clandestinidad durante la década de 1970.
El general Hugo Banzer, conductor de una dictadura entre 1971 y 1978, le facilitó el ascenso al poder presidencial con el voto de sus legisladores de la derechista Alianza Democrática Nacionalista (ADN) en un insólito gesto político que le rindió réditos ocho años después.
Paz Zamora, un sociólogo que en 1971 fundó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) para combatir a la dictadura de Banzer, dijo al asumir el cargo que las dos fuerzas habían tendido un puente democrático sobre "los ríos de sangre" que las separaba.
En reciprocidad, el ahora nuevamente candidato del MIR facilitó en 1997, junto a otros partidos políticos, la alianza que convirtó a Banzer en presidente constitucional para una gestión de cinco años.
El líder indígena de los productores de coca, Evo Morales, capitalizaba fundamentalmente en áreas rurales el descontento social que existe en Bolivia y podría registrar una votación histórica en las elecciones de mañana.
De origen aymara-quechua, las dos etnias predominantes en esta nación de mayoría indo-mestiza, Morales aparece en un inédito cuarto lugar de las encuestas con 11% (grupo Usted Elige) y 11.4% (Recta Final).
Apuntalado en su lucha sindical por unas 30,000 familias de la región central del Chapare que subsisten con la economía de la coca, Morales, de 42 años de edad, encabezó en este lustro al menos cuatro contundentes cortes de ruta que doblaron el brazo al gobierno en su política antidrogas.
Sin embargo, Morales cree que "mi mejor relacionista (público de su candidatura) es el embajador (de Estados Unidos, Manuel) Rocha", quien -sin nombrarlo- advirtió a los bolivianos que deberían volcar las espaldas al líder cocalero en la consulta popular.
Mañana, los habitantes de los nueve departamentos de Bolivia escogerán entre estos aspirantes a la Presidencia, quien los conducirá por mejores caminos.
