La policía desactivó una bomba colocada presuntamente por separatistas vascos la mañana de ayer, y se enfrentó a manifestantes que se negaban a salir de las oficinas de un partido político vinculado al grupo separatista vasco ETA y declarado ilegal.
La policía de Tolosa cerca de San Sebastián desactivó una bomba colocada frente a un juzgado, en lo que parece ser el primer ataque etarra desde que el lunes el juez Baltasar Garzón suspendió las actividades del Partido Batasuna, y la Cámara de Diputados votó para declararlo ilegal.
Una persona que dijo representar a la ETA informó telefónicamente que la bomba explotaría el lunes como a las 11:30 de la noche, lo cual alertó a la policía. Varias horas después ésta utilizó un robot para desactivar el dispositivo y éste no explotó. La bomba contenía hasta 10 kilos de dinamita y otros explosivos, según la radio nacional.
En esta ciudad porteña vasca, policías armados con palos y cascos antimotines se enfrentaron con cientos de manifestantes al tiempo que se abrían paso al interior de las oficinas de Batasuna para desalojar a doce nas de miembros del partido. Por lo menos 20 manifestantes parecían estar heridos, la mayoría con contusiones.
Los manifestantes gritaron consignas a favor de Batasuna e insultos contra los miembros de la fuerza policiaca regional conocida por su nombre vasco de Ertzaintza. "El pueblo no perdonará esto", gritaban.
La prensa española informó que unidades de Ertzaintza también se movilizaron para clausurar las representaciones de Batasuna en Vitoria, la capital de la región, y en la ciudad costera de San Sebastián, donde se reunieron cientos de simpatizantes del partido.
El líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, dijo ayer que su partido seguirá funcionando pese a la orden de Garzón, aunque sin llamarse Batasuna en público.
Otegi indicó a Radio Euskadi que el partido considera la posibilidad de presentar una demanda judicial ante el Tribunal Europeo de Justicia, situado en la localidad francesa de Estrasburgo, y cree que a la postre los miembros de su entidad serán detenidos por la policía española.
El juez acusó a Batasuna de ser parte de la ETA y le atribuyó parte de la culpa de unos 4,000 ataques que causaron 836 muertos desde que los etarras empuñaron las armas en 1968. La orden judicial prohíbe a la entidad la realización de mítines y su participación en los comicios, clausurando sus actividades por tres años.
Batasuna niega ser el brazo político de la ETA. El gobernante Partido Nacionalista Vasco, que votó en contra de la proscripción de Batasuna, prometió ayer respetar la orden de Garzón. El lunes por la noche, la policía española desalojó a los miembros de Batasuna de su sede en Pamplona y otras cuatro aldeas de la provincia de Navarra.
La Cámara de Diputados aprobó el lunes un proyecto de ley que pide al gobierno la proscripción de Batasuna. El gabinete del presidente del gobierno José María Aznar debe presentar la petición al Tribunal Supremo a principios de la próxima semana.
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