Las escuchas telefónicas han convulsionado los cimientos de la política brasileña y han puesto contra las cuerdas a algunos de sus pupilos por la filtración de conversaciones privadas, como la que derivó en la "licencia" del cargo del ministro de Planificación, Romero Jucá.
Legales o ilegales, las grabaciones de conversaciones telefónicas entre políticos han salido a la luz al ritmo que han avanzado las investigaciones de las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras, por las que son investigados medio centenar de parlamentarios, entre ellos Jucá.
El ministro, un hombre cercano al presidente interino, Michel Temer, e investigado por desvíos en Petrobras, ha protagonizado el primer escándalo del nuevo Gobierno apenas once días después de asumir en sustitución de Dilma Rousseff, separada de la Presidencia por el Congreso.
En una grabación divulgada por el diario Folha de São Paulo, Jucá mantiene una conversación con el expresidente de la estatal Transpetro Sergio Machado, también sospechoso de participar en la gigantesca red de corrupción de Petrobras.
En la conversación, grabada en marzo pasado, Jucá sugiere, todavía como senador, que un cambio en el Gobierno y la llegada al poder de Temer podría propiciar la creación de un "pacto nacional" que "delimitase" las investigaciones sobre ese escándalo.
En su primera reacción pública, Jucá admitió la charla, pero dijo que fue "sacada de contexto" y rechazó la posibilidad de dimitir.
Sin embargo, arrastrado por el vendaval y presionado por sus correligionarios, Jucá pidió horas más tarde una "licencia" de su cargo.
Quien también fue víctima de escuchas telefónicas este año fue el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el político más carismático de Brasil y blanco de dos investigaciones judiciales por supuesta corrupción.
Las grabaciones al ex jefe de Estado fueron autorizadas por el temido juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones de Petrobras, y pusieron en jaque al gobierno de Dilma Rousseff.
Dato
Los micrófonos ocultos llegaron recientemente hasta el Supremo Tribunal, donde los servicios de seguridad hallaron un mecanismo de escuchas en el despacho de uno de los magistrados de esa corte, Luis Roberto Barroso.
El aparato estaba en una caja bajo la mesa del juez, nombrado para ese cargo en 2013 por Rousseff.
