Hechos
- El caso
- La acusación sostiene que el yerno del rey y su socio se apropiaron supuestamente de unos $5.6 millones en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro.
- Medios
- El diario “El País” en su editorial precisa que es necesario que la justicia llegue al final del caso.
El Gobierno español manifestó su “enorme preocupación” por la imputación judicial de la infanta Cristina de Borbón, hija de los reyes, y el daño que puede causar a la monarquía.
“Cualquier cosa que afecte a una institución que ha sido capital en la transición española (a la democracia) y que es capital para el prestigio de España en el exterior causa enorme preocupación en el gobierno”, dijo el canciller José Manuel García-Margallo.
Cristina, de 47 años, acudió a trabajar como cada mañana a su puesto en la Fundación La Caixa en Barcelona, después de que el juez la citase a declarar en calidad de imputada para aclarar su conocimiento del presunto escándalo de malversación de fondos públicos que afecta a su esposo, Iñaki Urdangarín.
Aunque no hizo declaraciones, Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarín, admitió que la infanta está preocupada.
“He visto a ambos (el matrimonio) muy unidos contra la adversidad, de lo que pase ahora y pueda pasar en el futuro”, señaló Pascual Vives, quien también desveló que no representará legalmente a la hija de Juan Carlos y Sofía.
Es la primera vez que un familiar directo de Juan Carlos y Sofía es imputado judicialmente.
