El Ministerio Público dominicano presentó hoy un recurso de oposición contra la decisión de un tribunal del país que desestima las acusaciones de fraude incoadas por las autoridades monetarias contra dos ex ejecutivos del desaparecido Banco Nacional de Crédito (Bancrédito).
El recurso fue interpuesto en la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, centro de Santo Domingo, por fiscales anti-fraudes bancarios.
Francisco García, uno de los representantes del Ministerio Público que presentó el recurso, recordó que la quiebra de Bancrédito, cuyo juicio de fondo iba a comenzar hoy, involucró más de 22.000 millones de pesos (unos 656,7 millones de dólares a la tasa actual) y perjudicó el Banco Central y la Superintendencia de Bancos del país.
"El Ministerio Público, evidentemente, no puede entender que ese asunto (la quiebra del banco) sea resulto con una decisión simple sin permitirnos el derecho que tenemos de presentar acusaciones en torno a esto", argumentó García en declaraciones a la prensa.
El pasado martes un tribunal dominicano desestimó las acusaciones de fraude incoadas por las autoridades monetarias contra Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza Gómez, ex presidente y ex vicepresidente del Bancrédito
El fallo de la jueza Alina Mora de Mármol determinó que los imputados fueron sometidos a la justicia bajo las mismas acusaciones y sentenciados en agosto de 2006, a una pena de tres años de prisión y al pago de una multa de un millón de pesos (unos 33.000 dólares).
La sentencia en cuestión finalmente no se ejecutó porque ambos ex ejecutivos bancarios llegaron a acuerdos de pago con los clientes del banco que les sometieron ante la justicia.
El domingo pasado un tribunal local condenó a diez años de prisión y al pago de millonarias indemnizaciones al ex presidente del banco Baninter, Ramón Báez Figueroa, y al ex asesor del organismo crediticio, Luis lvarez Renta, tras encontrarlos culpables de la quiebra de la entidad, ocurrida en 2003.
En ese mismo año también quebró el banco Mercantil, causando los tres acontecimientos un colapso en la economía dominicana, lo que obligó al gobierno de entonces a firmar un acuerdo de contingencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha sido prorrogado en varias oportunidades.
