El presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, declaró el Estado de excepción en el país, pocos días antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la legalidad de su reciente reelección como jefe del Estado.
Un anuncio difundido por la televisión estatal informó sobre la entrada en vigor del Estado de excepción y de "un nuevo orden constitucional provisional" ante "el deterioro" de la ley y el orden en Pakistán.
Según el texto, que proclama el nuevo orden y suspende la Constitución de 1973, la medida responde a "un visible incremento de las actividades de extremistas y de ataques terroristas", además de la "creciente interferencia por parte de algunos miembros de la judicatura en la política del Gobierno".
Ello "ha debilitado" al Ejecutivo, además de "desmoralizar completamente" a las fuerzas de seguridad y las agencias de Inteligencia, a las que "se les ha impedido perseguir a terroristas", añade el texto.
También acusa a miembros del poder judicial de haber ordenado la liberación de "núcleos duros de militantes" que posteriormente "han estado implicados en atroces actividades terroristas".
"Algunos jueces, sobrepasando los límites de su autoridad judicial, han tomado funciones ejecutivas y legislativas", afirma la orden, y concluye que, en vista de que "la Constitución no ofrece soluciones a esta situación, no hay más salida que la de adoptar medidas extraordinarias".
De forma simultánea, efectivos del Ejército y paramilitares se desplegaron en puntos claves de la capital, entre ellos el edificio del Parlamento, el de la radio y la televisión estatal y el del Tribunal Supremo.
En este último se habían reunido el presidente del alto tribunal, Iftikhar Chaudhry, y otros ocho magistrados, que declararon inconstitucional el nuevo orden proclamado por Musharraf antes de ser puestos "bajo custodia" por fuerzas gubernamentales.
Efectivos de las fuerzas de seguridad se llevaron a Chaudhry y a los otros ocho magistrados a un lugar que no revelado.
Musharraf nombró, de inmediato, al juez Hameed Dogar nuevo presidente del Tribunal Supremo en sustitución de Chaudhry, quien a principios de este año fue la cabeza visible de un movimiento sin precedentes de contestación al régimen del general.
