Un combate entre chechenes prorrusos y rebeldes, que dejó 42 muertos, y un atentado contra el presidente interino de Chechenia pusieron en duda ayer el plan de arreglo de Moscú para esa región, que culminará con comicios presidenciales en agosto.
El choque entre chechenes leales al Kremlin y separatistas duró toda la noche en las cercanías de Avturí, a 25 kilómetros al sureste de Grozni, la capital de Chechenia, y en él murieron 18 chechenes prorrusos y 24 guerrilleros separatistas.
La guerra se hizo oír también en Grozny, donde el presidente interino, Serguéi Abrámov, salió indemne de un ataque con bomba, en el que murió uno de sus guardaespaldas y sufrieron heridas dos miembros de la comitiva en la que aquel se desplazaba, informaron fuentes gubernamentales chechenas a la agencia Interfax.
Estos sucesos se producen a poco más de un mes de que se celebren en Chechenia los comicios para elegir al sucesor de Ajmad Kadyrov, el presidente chechén asesinado el 9 de mayo, asestando un duro golpe a la estrategia del Kremlin en esa república rusa del norte del Cáucaso.
El combate que enfrentó a milicianos de la guardia presidencial chechena y la guerrilla en Avturí se alargó desde la noche del lunes hasta la mañana de ayer, indicó a Interfax Ramzán Kadyrov, hijo del asesinado presidente y líder de esos efectivos.
Los combates, los más sangrientos desde el ataque lanzado por rebeldes en la vecina Ingushetia el 22 de junio pasado, siguieron al anuncio hecho ayer por el Kremlin de incrementar sus tropas al sur de Chechenia.
El magisrado sustanciador del caso, Denis Allen, indicó que se acogerán al término de la ley para dictar sentencia. "Vamos a analizar el expediente, que tiene unos 40 tomos y vamos, en el término más rápido posible, a dictar sentecia".
Afirmó que espera que la decisión sea tomada dentro de una o dos semanas, a pesar que la ley les da 30 días.
"Nosotros no vamos a tomar ese tiempo. Este es un caso que puede ser prontamente resuelto", precisó.
Por su parte, el abogado defensor de Milanés de Lay y el del Partido Arnulfista, José Torres y Olmedo Arrocha, respectivamente, negaron la comisión del delito electoral de compra de votos.
Aseguraron los juristas que los subsidios educativos cuestionados por el fiscal Solís han existido desde el pasado periodo del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, a pesar de que los legisladores tenían también sus partidas circuitales.
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